México exigirá a redes sociales eliminar contenidos violentos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno presentará la próxima semana un proyecto de ley que obligará a las plataformas digitales a detectar, reportar y eliminar de forma oportuna contenidos que inciten a la violencia. La mandataria explicó que la iniciativa busca proteger especialmente a los jóvenes y enfatizó que el objetivo es que las empresas tecnológicas asuman la responsabilidad de no difundir ni promover comunicaciones vinculadas a actos delictivos o conductas violentas.

El anuncio gubernamental se produjo tras una serie de agresiones armadas registradas en centros educativos del país. El caso más reciente ocurrió en una escuela secundaria de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, donde dos jóvenes de 18 años ingresaron armados con machetes y artefactos explosivos de fabricación casera. El ataque dejó a la subdirectora del plantel fallecida y a cuatro personas heridas antes de que los presuntos responsables fueran detenidos por las autoridades.

Investigación de patrones en redes sociales y marco internacional

Durante la conferencia de prensa diaria, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que el decreto fijará obligaciones específicas a las empresas de tecnología para la remoción rápida de comentarios e imágenes de carácter violento. Claudia Sheinbaum señaló que las autoridades hallaron similitudes en los recientes ataques perpetrados en Coahuila y en el estado de Querétaro, detectando un comportamiento asociado a la comunicación y coordinación a través de redes sociales.

La propuesta normativa impulsada por la administración mexicana se alinea con marcos regulatorios adoptados previamente por naciones de la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y Brasil, donde se exige a los sitios web la eliminación obligatoria de contenidos que promuevan la violencia. El Gobierno de México reiteró su disposición a mantener un diálogo constante con las compañías tecnológicas para la implementación del mecanismo normativo.