Tribunal italiano condena a Silvio Berlusconi por caso de soborno a senador

El Tribunal de Nápoles anunció hoy la condena a tres años de cárcel por corrupción contra el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi en el caso del soborno a un senador que facilitó la caída del Gobierno de Romano Prodi en 2008.

Además, el tribunal napolitano condenó a la misma pena de prisión al exdirector del diario "Avanti" Valter Lavitola, acusado de mediar en ese soborno.

La Fiscalía había pedido una pena de prisión de cinco años para Berlusconi y de cuatro años y cuatro meses para Lavitola.

A Berlusconi, que no asistió a la lectura de la sentencia del colegio C de la primera sección penal del tribunal napolitano, los jueces, después de varias horas de deliberaciones, le consideraron ser autor material del soborno.

En el caso de Berlusconi se espera que la prescripción del delito impida que llegue a cumplir condena puesto que la tramitación de la esperada apelación de sus abogados excederá el tiempo que queda hasta entonces.

Uno de sus abogados defensores, Niccolò Ghedini, declaró al conocer la sentencia que esta es "injusta e injustificada" y agregó que, a pesar de que el delito prescribirá el 6 de noviembre, confía en que el Tribunal de Apelación absuelva al ex primer ministro.

En cuanto a Lavitola, permanece ya recluido en la penitenciaría de Secondigliano por sus múltiples condenas derivadas de otros procesos.

Berlusconi declaró a finales de junio, cuando se conocieron las peticiones de la Fiscalía, que la solicitud de cinco años de prisión contra él iba "en línea con la tradición de los peores procesos políticos".

"La petición de la Fiscalía de Nápoles choca con la realidad y con todos los resultados procesales, en línea con la tradición de los peores procesos políticos. Confío en que el Tribunal quiera rápidamente restituir la verdad de los hechos y pronunciar una sentencia totalmente absolutoria", manifestó entonces.

Los abogados de Berlusconi han argumentado que "todos los testigos y todas las pruebas documentales han demostrado la total inconsistencia de la acusación".

Los fiscales consideraron que el magnate logró hacer caer el Ejecutivo de Prodi (2006-2008) al comprar el voto del senador Sergio De Gregorio, quién dejó su partido, Italia de los Valores, que formaba parte de la coalición gubernamental, para integrarse en las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad.

Su voto y el de otros senadores que también abandonaron la mayoría en el Gobierno acabaron precipitando la caída del Ejecutivo de Prodi durante una votación en el Senado en 2008. Fue sucedido por el tercer y último Ejecutivo de Berlusconi (2008-2011).

Esta tesis se basa en la declaración del propio De Gregorio, quien confesó haber recibido un pago de tres millones de euros y que pactó una pena de un año y ocho meses de prisión.

De Gregorio también reconoció su responsabilidad como mediador en el supuesto pago de Lavitola.

Los fiscales reconstruyeron en el aula del Tribunal de Nápoles todo el caso y explicaron a los jueces de la Primera Sección Penal que Berlusconi tenía la intención de invertir decenas de millones de euros para corromper senadores.

"No solo es un episodio de corrupción, sino un episodio de gravedad extrema. Estoy convencido de que también otros han participado como De Gregorio, solo que no hemos conseguido identificares", apuntó Milita, citado por los medios.

Añadió: "Era una operación destinada a subvertir el orden democrático. Una página oscura en la política italiana. Si la herrumbre de la corrupción arrolla el núcleo de la democracia, el peligro es grandísimo".

Este caso de corrupción llega en un momento en el que Berlusconi, de 79 años, ha regresado a la escena pública después de superar otras cuentas pendientes que tenía con la Justicia.

El mes de febrero cumplió su pena de un año de trabajos sociales por un delito de fraude fiscal en el llamado "Caso Mediaset".

Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó en marzo su absolución por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado "Caso Ruby". (EFE)