Abogado penalista: “Es inevitable que Roberto Sánchez vaya a juicio oral”

El Poder Judicial evaluará este miércoles si el candidato presidencial Roberto Sánchez será enviado a juicio oral por el presunto delito de falsa declaración vinculada a aportes y gastos de campaña del partido Juntos por el Perú.

Durante una entrevista en Canal N, el abogado penalista Julio Espinoza explicó que la audiencia corresponde a una nueva etapa de control de acusación, luego de que la Fiscalía reformulara los cargos contra el también exministro.

Según indicó, el juez Juan Vidal Mercado convocó la diligencia con la finalidad de emitir un “nuevo auto de enjuiciamiento”, lo que —a su criterio— hace “inevitable” que el caso avance hacia juicio oral.

La Fiscalía atribuye a Sánchez presuntas irregularidades en la presentación de información financiera ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entre los años 2018 y 2020, cuando ejercía la presidencia del partido político. Entre los hechos observados figuran la supuesta entrega de información falsa sobre gastos de campaña y financiamiento partidario.

Espinoza precisó que inicialmente se investigaban tres delitos, pero uno de ellos fue retirado en instancias previas. Actualmente, la acusación se centra en los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsa información ante organismos electorales, contemplado en el artículo 359 del Código Penal.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de la inhabilitación de Sánchez para ejercer cargos partidarios durante el tiempo que dure una eventual condena.

Diferencias con el caso del expresidente Pedro Castillo

El abogado remarcó que el caso tiene diferencias sustanciales con el proceso archivado recientemente contra Pedro Castillo por una presunta falsa declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Señaló que en el caso de Sánchez existe una imputación adicional vinculada directamente a la información financiera entregada a la ONPE, lo que reviste “mayor gravedad”.

Asimismo, indicó que la ONPE participa en el proceso como parte agraviada a través de su procuraduría, debido a que la entidad es responsable de fiscalizar los gastos de campaña de las organizaciones políticas.

Respecto a los plazos, Espinoza señaló que el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo prescribiría en 2027, mientras que el relacionado con información falsa ante organismos electorales lo haría en 2030.

Sin embargo, estimó que el juicio podría desarrollarse de manera rápida, debido a que el caso “ya viene depurado” y no tendría un alto nivel de complejidad.

Finalmente, descartó que la programación de esta audiencia responda a motivaciones políticas en medio de la campaña electoral, al señalar que el expediente se encontraba pendiente de programación desde septiembre del año pasado.