Adrianzén confía en archivo de denuncia constitucional

Presentaron denuncia constitucional contra Boluarte, Adrianzén y Santiváñez por haber observado la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia

Gustavo Adrianzén. Video: Canal N

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, aseguró que los actos administrativos realizados por el Consejo de Ministros están estrictamente apegados a lo estipulado en la Constitución, en referencia a la denuncia constitucional que se presentó contra él, la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, por haber observado la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Asimismo, sostuvo que el cumplimiento de sus deberes no debe generar ningún tipo de responsabilidad administrativa ni profesional, y mucho menos una responsabilidad de carácter constitucional.

Adrianzén mostró confianza en que esta denuncia no prosperará. “No dudo que, por su naturaleza, esta denuncia será archivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, aseguró en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

Finalmente, en referencia a las duras políticas migratorias adoptadas por el gobierno de Donald Trump, aseguró que respetan las políticas internas de cada Estado. "Confiamos en que la situación de los ciudadanos peruanos en el extranjero no se vea perjudicada por estas políticas migratorias", concluyó.

Cabe recordar que la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) denunció constitucionalmente a la presidenta Boluarte; al jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén; y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez; por haber observado la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

De acuerdo con la legisladora izquierdista, habrían vulnerado la Constitución en los artículos que les exige trabajar al servicio de la Nación. La acusación de Luque contra la mandataria y los dos integrantes del Consejo de Ministros indica que el accionar del Gobierno habría beneficiado a personas vinculadas a la jefa del Estado, como el vocero presidencial Fredy Hinojosa (Caso Qali Warma) y su hermano Nicanor Boluarte (Caso Los waykis en la sombra).

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