Alberto Otárola: "La presidenta no va a hacer uso de ningún derecho al silencio”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, aseguró que la presidenta Dina Boluarte “no hará uso de ningún derecho al silencio” y responderá ante la Fiscalía de la Nación cuando sea citada a declarar en la investigación por las muertes registradas durante las protestas de diciembre del 2022 e inicios de 2023.

En conferencia de prensa, el premier recordó que la mandataria ha solicitado la reprogramación de la citación debido a que el 31 de mayo encabezará el Simulacro Nacional Multipeligro, mostrándose seguro que el Ministerio Público accederá a su pedido.

“Ella no va a hacer uso de ningún derecho al silencio, ella va a decir lo que tenga que decir en un tema que es además absolutamente claro para ella, los ministros y para los millones de peruanos”, expresó.

“Lo que sí podría precisar es que la han citado para el 31 de mayo, la señora presidenta de la República va a pedir que se reprograme, si es posible, al día siguiente o el día que estime pertinente la señora fiscal porque el 31 de mayo tiene que dirigir el gran simulacro de sismo a nivel nacional y ella es la que encabeza por ley. Es un pedido que se va a hacer a la fiscalía y estamos seguros que van a acceder al mismo”, agregó.

INVESTIGACIÓN ALCANZA A OTÁROLA Y OTROS

El Ministerio Público citó para este miércoles 31 de mayo a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por las muertes en las protestas que se registraron en el interior del país. 

Como se sabe, la mandataria es parte de una investigación que inició la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de genocidio en consecuencia de las muertes durante la convulsión social ocurrida en diciembre de 2022 y enero del presente año.

Esto también alcanza a Alberto Otárola, el ministro de Defensa Jorge Chávez y los exministros Pedro Angulo, Víctor Rojas y César Cervantes.

Asimismo, la convocatoria de la jefa del Estado se da luego de que el Poder Judicial declarara fundada, en parte, la tutela de derechos presentada por la Procuraduría General del Estado, que buscaba ser incluida en la investigación.