Andrés Hurtado acudirá al TC tras ratificarse prisión preventiva

La defensa legal del exconductor Andrés Hurtado 'Chibolín' anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) tras conocerse que el Poder Judicial (PJ) ratificó la orden de prisión preventiva por 18 meses contra el exactor cómico acusado de tráfico de influencias y lavado de activos.

"Luego de estudiar de forma detenida, procederemos con los recursos necesarios para poder revertir esta situación [...] nos encontramos en este estadio cumpliendo con lo requerido por Fiscalía y [...] corresponderá acudir a la justicia constitucional", indicó Elio Riera, abogado de 'Chibolín'.

En entrevista a Canal N, el letrado, además, reiteró que su defendido vaya a acogerse a la figura de colaboración eficaz.

"La defensa está centrada en el aspecto de la prisión preventiva y a eso nos avocamos", sentenció.

¿DE QUÉ SE ACUSA A ANDRÉS HURTADO 'CHIBOLÍN?

Andrés Hurtado 'Chibolín' es acusado por el Ministerio Público de haber cometido, presuntamente, los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El exconductor de televisión fue detenido preliminarmente la noche del pasado jueves 19 de setiembre mientras se encontraba internado en una clínica estética de San Borja, tras una orden judicial emitida por el juez Juan Carlos Checkley.

Según las autoridades, al exactor cómico se le acusa de haber intervenido en la liberación de un cargamento de oro a cambio de un pago de un millón de dólares, favoreciendo a Javier Miu Lei y de otras irregularidades a través de funcionarios.

En setiembre de este año, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Andrés Hurtado, Augusto Miu Lei, Francisco Siucho y la fiscal Elizabeth Peralta.

Hurtado es investigado simultáneamente por dos despachos de la Fiscalía, pues el segundo despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos le inició diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.