Armas contra la inseguridad

Estos disparos son supervisados y aprobados por las autoridades peruanas. Somos testigos del examen que debe dar una persona para que se le autorice el porte y uso de un arma de fuego como defensa personal.

Tras aprobar una prueba de conocimientos, las personas que aspiran a la licencia para disparar deben demostrar que son capaces de armar y desarmar sin titubeos las piezas de una pistola 9 milímetros o un revólver.

Pero el reto más difícil se lleva a cabo en el polígono oficial de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, o simplemente Sucamec.

Los postulantes deben disparar cinco veces hacia un blanco ubicado a diez metros de distancia.  De los cinco tiros al blanco, cada persona tiene que acertar tres como mínimo para calificar.

En lo que va del año, Sucamec ha recibido 23 mil solicitudes para obtener una licencia de porte y uso de arma de fuego en sus diferentes modalidades. Solo 14 mil, aproximadamente, han sido aprobadas.

La inseguridad ciudadana, paradójicamente, ha gatillado que cada vez más personas opten por defenderse con armas de fuego.

Pero que los civiles usen balas contra la delincuencia es un tema que siempre genera polémica, y es difícil encontrar consensos. Desde el 2021, un proyecto de ley que amplía los alcances de la legítima defensa está encarpetado en la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

El almirante en retiro y hoy congresista José Cueto es autor de esta propuesta y también de la ley aprobada que busca empadronar todas las armas de fuego del país que, por alguna razón, estén en situación ilegal.

Hace un mes, en Iquitos, un par de delincuentes armados asaltó a un empresario. Esto provocó que sus guardaespaldas usen sus pistolas para repeler el ataque. En el tiroteo, una bala de los agentes de seguridad mató a uno de los delincuentes.

Según Sucamec, a esta cifra de 36 mil armas de fuego para uso de seguridad privada se debería sumar las 47 mil armas de fuego legales que existen en nuestro país a nombre de civiles que las portan como defensa personal.

El procedimiento para obtener un arma de fuego es largo, pero en esencia sencillo. Pese a ello, no todos los postulantes cumplen con los requisitos exigidos por ley.

Para comprar un arma hay que ir a una armería formal. Ingresar a una de ellas en Lima es como entrar a un búnker de máxima seguridad. Aquí se exhiben armas de fuego para uso civil que pueden costar desde 2 mil 800 soles hasta 3 mil o 4 mil dólares.

Samir Haddad es instructor de tiro y usa armas de fuego desde los 18 años. Comenta que el 80 por ciento de las personas que llegan a esta armería para adquirir un arma de fuego se dedican al rubro empresarial, el más asediado por la delincuencia.

Pero realizar prácticas de tiro por lo menos dos veces al mes es apenas una de las obligaciones de los usuarios de armas. Tan solo el antecedente reciente del empresario Ney Chávez pone en relieve la importancia de conocer legislación respecto al uso de pistolas en defensa propia o de terceros.

En 2019, el suboficial Elvis Miranda pasó casi un mes en prisión por disparar y causar la muerte de un joven durante una intervención policial. Tras varios años de lucha judicial logró aminorar la pena de cárcel efectiva que la fiscalía pedía contra él y pudo continuar el proceso en libertad.

Un caso que pasó desapercibido en medio de la pandemia fue el del suboficial Héctor Umasi, a quien acusan de homicidio por disparar contra un conductor que trató de arrollarlo durante un operativo en la provincia cusqueña de Espinar.

El chofer fallecido, identificado como David Chullunquia Ccahuana, trataba de impedir que dos colectiveros sean llevados a la comisaría por violar el toque de queda. En medio de este trance, hubo un momento en el que el agente Umasi sintió su vida en riesgo, por lo que asegura que le disparó a Chullunquia en defensa propia.

Este caso, por el que el Brigadier Umasi podría ir hasta siete años preso es uno de los tantos en los que quitar la vida de alguien en legítima defensa queda en el terreno de la duda.

Pero mientras los policías y civiles que usan armas legales afrontan consecuencias, abundan los casos donde disparos hechos con armas ilegales quedan impunes.

La Policía y la Sucamec han decomisado 2 mil 800 armas ilegales en lo que va del año. Algunas de ellas resultan imposibles siquiera de rastrear en el mercado negro.

Por otro lado, la Policía ha admitido que malos efectivos alquilan o venden sus armas al hampa para que sean usadas en irreversibles actos delictivos.

Lo cierto es que, tanto de manera formal como informal, el Perú se viene llenando de armas de fuego, algo que parece será irreversible.

La experiencia con el uso indiscriminado de armas de fuego no ha sido positiva en otros países, pero parece que la ineficiencia de los sistemas de seguridad oficiales es un detonante para que la población decida cuidar de su propia seguridad. Las consecuencias de esta tendencia aún no se vislumbran con claridad en Lima y el resto del país.