Chats revelan recaudación paralela de Juntos por el Perú

Una serie de conversaciones por aplicaciones de mensajería y testimonios de militantes revelaron la existencia de una red de recaudación de fondos paralela y no declarada dentro del partido político Juntos por el Perú. Este esquema financiero operó al margen de los canales oficiales de fiscalización establecidos por la agrupación y se activó con el objetivo de financiar los trámites de impugnación y nulidad de mesas de sufragio tras conocerse los primeros resultados electorales desfavorables para Roberto Sánchez. De acuerdo con la información obtenida, el partido requería un presupuesto estimado de más de 2 millones de soles para la presentación de dichos recursos legales en Lima y el extranjero.

La investigación detalló que, a pesar de que la organización política difundió un anuncio oficial en sus plataformas digitales con las cuentas exclusivas de la tesorera nacional Luzmila Ayay, de forma alterna se distribuyó un afiche diferente en diversos grupos de WhatsApp. Este anuncio alternativo incluía el número telefónico personal y la cuenta de billetera electrónica de la personera legal de Huancavelica, Dacia Romero Quispe, para canalizar depósitos de dinero que no contaban con el registro formal de la tesorería. Según las coordinaciones internas expuestas, esta modalidad de recolección de dinero fue dispuesta y coordinada por la diputada electa de la mencionada región, Catherin Palomino.

El origen de la recaudación alterna para la nulidad de mesas de sufragio

El proceso de recolección económica alterno se ejecutó en circunstancias de emergencia debido a la necesidad de revertir los resultados de la votación mediante acciones legales de nulidad. Según indicó Dacia Romero Quispe, personera legal del partido en Huancavelica, ella prestó su número de teléfono para la creación del afiche alterno que circuló en las sombras y en grupos selectos de mensajería. La personera legal afirmó explícitamente en una entrevista que la orden de utilizar sus datos personales provino de una instrucción directa de la doctora Catherin Palomino, quien coordinó inicialmente dicha acción con Luzmila Ayay.

La implementación de este canal de recaudación generó desconcierto y cuestionamientos entre los propios aportantes y simpatizantes que integraban los grupos de WhatsApp denominados “Amigos de lucha 2026”, el cual contaba con 128 miembros. Los registros de las conversaciones de los días 12 y 13 de junio pasados muestran que los militantes entraron en desconcierto al notar la coexistencia de dos afiches con cuentas y beneficiarios distintos. Algunos integrantes advirtieron de manera in situ, tras consultar en el local nacional del partido, que la directiva del Comité Ejecutivo Nacional reconocía únicamente el anuncio oficial correspondiente a la tesorera Luzmila Ayay.

Ante las sospechas de irregularidades administrativas expresadas en los chats, se reveló que la propia diputada electa Catherin Palomino también recibió transferencias monetarias directas en su cuenta de Yape por parte de algunos simpatizantes. Dacia Romero Quispe confirmó este hecho al señalar que se registraron montos mínimos enviados por error a Palomino, situación que la legisladora electa aclaró en los grupos informando que temporalmente se emplearía el número de la personera legal. De acuerdo con el testimonio de Romero Quispe, se recopilaron aproximadamente 4 mil soles en imágenes de comprobantes que posteriormente debían ser derivados a las arcas oficiales.

Los vínculos políticos y la influencia interna de la diputada Catherin Palomino

La influencia de la diputada electa Catherin Palomino dentro de la estructura y la toma de decisiones de Juntos por el Perú proviene de su estrecha cercanía con el expresidente Pedro Castillo. Jaime Vásquez Palomino, sobrino del exmandatario e integrante de la denominada ruta castillista de Roberto Sánchez, testificó haber asistido junto a ella al penal de Barbadillo para realizar visitas. Según indicó Vásquez Palomino, en el interior del centro penitenciario se evidenciaba una relación de gran confianza, asegurando que Pedro Castillo escuchaba más a Catherin Palomino que a su propia familia.

El testimonio del familiar del expresidente expuso que Palomino es la persona que ejerce la mayor influencia sobre las decisiones de Castillo, lo que se tradujo en su posterior posicionamiento político interno. Jaime Vásquez Palomino afirmó que fue apartado de las actividades de la campaña electoral debido a desavenencias directas con la hoy diputada electa, quien obtuvo un total de 13 mil 580 votos en la región Huancavelica. El testigo manifestó que Palomino se jactaba de tener la autoridad para ordenar tanto su inclusión como su retiro del comando de campaña partidario.

Por su parte, Catherin Palomino evitó brindar una entrevista formal y prefirió negar las imputaciones mediante mensajes de texto por la aplicación WhatsApp, señalando que su vinculación con el exmandatario responde estrictamente a sus labores como su abogada defensora. Sin embargo, la personera legal Dacia Romero Quispe declaró que la decisión de colocar su número en el afiche alterno en lugar del de Palomino se tomó para evitar que la diputada electa afrontara problemas legales posteriores. Romero Quispe ratificó que toda la operación en Huancavelica contó con el conocimiento y la coordinación de Palomino y de la tesorera Luzmila Ayay.

Contradicciones institucionales y alertas sobre posibles delitos electorales

La trama de la recaudación paralela se agudizó tras el pedido de descargos formulado por el programa periodístico a las autoridades oficiales de Juntos por el Perú. A través del área de prensa de la organización política, la tesorera nacional Luzmila Ayay negó de manera tajante haber autorizado el uso de cuentas alternas para la colecta de dinero. Según indicó la tesorera en su respuesta escrita, nunca sostuvo coordinaciones con la diputada Catherin Palomino ni con la personera Dacia Romero Quispe, y negó haber recibido transferencia alguna procedente de ellas.

Esta postura institucional contradice directamente las declaraciones de la personera de Huancavelica, quien aseguró haber realizado el envío de los fondos recaudados y poseer las capturas de pantalla de los depósitos bancarios a nombre de Ayay. Asimismo, la opacidad en el manejo de los fondos no se limitó a Huancavelica, ya que en el chat grupal “Comando Regional JP” de la región Piura, compuesto por 152 miembros, se mencionaron cifras millonarias. El coordinador regional de Piura, Branly Morales, escribió explícitamente en dicho grupo mensajes que aseguraban haber alcanzado una recaudación de 4 millones de soles.

Al ser consultado sobre el origen y destino de los 4 millones de soles, Branly Morales reconoció la autoría de los mensajes, pero minimizó el contenido argumentando que se trató de una estrategia de márquetin político y un juego para alentar a la militancia frente a sus opositores. Al respecto, José Tello, presidente del instituto Aklla, advirtió que la informalidad en la recaudación de fondos y la falta de claridad ante el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) configuran un escenario complejo. El especialista señaló que estas conductas pueden derivar en la comisión de los delitos de apropiación ilícita, financiamiento ilícito y diversas infracciones electorales que deben ser investigadas por el Ministerio Público.