Experto en temas electorales advierte posibles responsabilidades por presunta recaudación paralela en Juntos por el Perú

El experto en derecho electoral Martín Dazevedo afirmó que las presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para financiar apelaciones e impugnaciones de actas por parte de Juntos por el Perú deberán ser evaluadas inicialmente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al advertir que la legislación exige que todos los aportes de campaña sean plenamente trazables y bancarizados.

Durante una entrevista en Canal N, el especialista explicó que las organizaciones políticas tienen la obligación de declarar el origen, destino y manejo de todos los recursos recibidos durante el proceso electoral, tanto los provenientes de aportes privados como del financiamiento público.

"La norma vigente exige que los ingresos tengan una trazabilidad absolutamente transparente y que se pueda demostrar el origen de cada aporte", sostuvo.

Aportes deben ingresar por cuentas oficiales

Dazevedo precisó que los recursos destinados a actividades de campaña o acciones vinculadas al proceso electoral deben ingresar exclusivamente a las cuentas oficiales registradas por el partido político ante la ONPE.

En ese sentido, indicó que el uso de cuentas personales para recibir aportes podría generar observaciones si posteriormente no se acredita de manera documentada cómo esos recursos fueron incorporados a la contabilidad oficial de la organización.

"Cuando los aportes pasan a formar parte de los ingresos del partido, no pueden permanecer en cuentas particulares", explicó.

ONPE será la primera entidad en evaluar el caso

El especialista señaló que el procedimiento corresponde inicialmente a la ONPE, entidad encargada de fiscalizar los ingresos y gastos de campaña de las organizaciones políticas.

Posteriormente, de ser necesario, podrían intervenir la Contraloría General de la República y, si se detectan indicios de un delito, el Ministerio Público. "Si las irregularidades se agravan y existen elementos suficientes, el caso podría derivar en una investigación fiscal y eventualmente judicial", indicó.

Consultado sobre las eventuales responsabilidades, D´Azevedo recordó que la principal obligación en el manejo de los recursos recae sobre la tesorería del partido político, conforme a lo establecido en sus estatutos y en la legislación electoral.

Añadió que cualquier persona que haya participado en la recepción o administración de recursos deberá demostrar la trazabilidad de los fondos y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Investigación administrativa

El especialista explicó que las investigaciones administrativas cuentan con plazos establecidos por la legislación vigente y que la ONPE deberá evaluar la información financiera presentada por la organización política una vez concluido el proceso electoral.

Finalmente, sostuvo que este caso evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el financiamiento político para evitar cuestionamientos sobre el origen y utilización de los recursos durante las campañas electorales.