Asesor de Contraloría: contrato de ONPE y Galaga con deficiencias

Guzmán Vera Coronel, asesor legal de la Contraloría General de la República, sostuvo que el contrato suscrito entre la ONPE y la empresa Galaga tiene serias deficiencias técnicas y operativas. Durante una entrevista, el vocero indicó que estas observaciones fueron comunicadas oportunamente al titular del organismo electoral antes de los comicios.

El representante del ente fiscalizador precisó que la intervención sobre este proceso de contratación se inició en el mes de marzo. Según Vera Coronel, se detectaron discrepancias entre los términos de referencia elaborados por la ONPE y la propuesta presentada por la empresa Galaga, afectando la idoneidad del servicio.

Advertencias previas sobre el servicio de transporte

La Contraloría emitió un primer informe el 24 de marzo donde alertaba sobre las características de los conductores propuestos por la empresa Galaga. Vera Coronel señaló que estas deficiencias impactarían directamente en el cronograma de distribución del material electoral necesario para la jornada de votación del domingo.

Pese a que la ONPE aseguró que tomaría acciones correctivas, los auditores verificaron in situ que los problemas persistían durante el despliegue logístico iniciado el viernes 10 de abril. La empresa Galaga no cumplió con los horarios de salida establecidos, registrándose retrasos de hasta tres horas en la partida de las unidades.

Irregularidades detectadas durante la jornada electoral

El equipo de auditoría identificó que diversos vehículos asignados por la empresa Galaga presentaban irregularidades graves, como el uso de logos de una municipalidad. Además, se constató que algunas unidades vehiculares nunca llegaron a presentarse en la sede de distribución de Lurín conforme a lo pactado.

Vera Coronel detalló que la situación se tornó más crítica el domingo 12 de abril, cuando el material electoral llegó a los colegios entre las 11:00 y las 12:00 horas. Estas fallas logísticas de la empresa Galaga impidieron la instalación oportuna de las mesas de sufragio en diversos distritos de Lima Metropolitana.

Cuestionamientos al presupuesto de 6 millones de soles

La Contraloría enfatizó que el Estado comprometió más de 6 millones de soles en la contratación de la empresa Galaga para el transporte y logística. El asesor legal cuestionó que se eligiera a un proveedor con antecedentes de incumplimiento y multas aplicadas por la propia ONPE en procesos anteriores.

Según el vocero, existían ofertas de empresas con mayor prestigio y menores costos que no fueron seleccionadas por el área usuaria de la ONPE. La evaluación integral de la Contraloría busca determinar por qué se establecieron criterios que favorecieron a la empresa Galaga a pesar de su historial de sanciones administrativas.

Respuesta del jefe de la ONPE ante el Congreso

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, acudió a la Comisión de Fiscalización para responder por los cuestionamientos sobre el contrato con la empresa Galaga. El funcionario alegó que el informe de control recién le fue notificado este martes y que las penalidades previas no impedían legalmente la contratación del proveedor.

Sin embargo, el asesor de la Contraloría desmintió esta versión al señalar que se levantaron actas de control el mismo viernes en presencia de funcionarios electorales. La información sobre las deficiencias del servicio brindado por la empresa Galaga era de pleno conocimiento de la institución antes de que culminara el proceso.

Investigación de la Junta Nacional de Justicia

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar de oficio contra Piero Corvetto tras las incidencias registradas con la empresa Galaga. El organismo constitucional otorgó un plazo de 10 días hábiles al titular de la ONPE para que presente sus descargos sobre la gestión del despliegue logístico.

Vera Coronel informó que la Contraloría también ha solicitado información detallada sobre el control de GPS de los camiones de la empresa Galaga. Esta auditoría busca establecer la cadena de responsabilidades administrativas ante el caos generado durante la primera vuelta electoral en Lima sur y Lima oeste.

Renuncia en la Gerencia de Gestión Electoral

La crisis por el deficiente servicio de la empresa Galaga provocó la renuncia de José Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE. El exfuncionario reconoció su responsabilidad en las demoras y fallas logísticas que afectaron el derecho al voto de miles de ciudadanos peruanos.

La Contraloría continuará con el proceso de evaluación documental para determinar si existieron indicios de corrupción en la adjudicación a la empresa Galaga. El objetivo es garantizar que la segunda vuelta electoral cuente con un servicio de transporte eficiente que asegure la transparencia del proceso democrático.

Guzmán Vera Coronel, asesor de la Contraloría, denunció que el contrato entre la ONPE y la empresa Galaga por más de 6 millones de soles presenta serias deficiencias. El organismo advirtió desde marzo sobre irregularidades en la logística, detectando retrasos en la distribución del material electoral y el uso de vehículos no autorizados. A pesar de las alertas, la ONPE mantuvo el contrato con el proveedor sancionado anteriormente. La crisis derivó en la renuncia del gerente de Gestión Electoral y en una investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.