ATU iniciará instalación de cámaras en buses y taxis en agosto

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará en agosto la instalación progresiva de cámaras de videovigilancia y botones de pánico en buses y taxis autorizados, con el objetivo de mejorar la seguridad en el sistema de transporte público y hacer frente a la ola de extorsiones y ataques.

Según explicó David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, esta medida busca no solo disuadir actos delictivos, sino también proporcionar evidencia útil a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

“Tener cámaras a bordo permitirá registrar incidentes y aportar evidencia clave para nuestra Policía Nacional y la Fiscalía”, declaró a la Agencia Andina.

Más de 16 mil cámaras y cobertura en zonas críticas

La ATU ha iniciado el proceso de adquisición de 16,200 cámaras que serán instaladas en 8,000 buses y 100 taxis que operan en Lima y Callao.

La adjudicación del servicio se realiza a través del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

El 16 de junio concluyó la integración de bases, y se espera que las propuestas sean presentadas entre el 24 y 25 de junio.

Las unidades beneficiadas serán seleccionadas de manera aleatoria, aunque con un enfoque prioritario en aquellas rutas de alta incidencia delictiva, como las que atraviesan San Juan de Lurigancho y Lima norte, dos de los puntos más golpeados por la criminalidad.

Botón de pánico y monitoreo en tiempo real

Cada cámara estará conectada a un botón de pánico que permitirá emitir alertas en tiempo real en caso de emergencia. Estos dispositivos estarán integrados con el Centro de Gestión y Monitoreo de la ATU, desde donde se coordinarán acciones con las autoridades competentes.

El sistema permitirá a la ATU intervenir de manera rápida cuando se reporten situaciones de riesgo en las unidades monitoreadas, fortaleciendo así la respuesta frente a la criminalidad en el transporte urbano.

Respuesta a la inseguridad y amenazas al sector

La implementación de esta estrategia ocurre en un contexto de alta inseguridad para los conductores.

Solo en lo que va del 2025, al menos 15 transportistas han sido asesinados por no acceder a pagar extorsiones.

La violencia ha generado paralizaciones, amenazas y temor entre quienes trabajan en el sistema de transporte público.

Con esta medida, la ATU busca proteger tanto a usuarios como a operadores, reforzando la seguridad y restaurando la confianza en un servicio que moviliza a más de 10 millones de personas en Lima y Callao.

La publicación de las bases ya fue realizada a través del SEACE del OSCE, y se espera que la implementación inicie formalmente en las próximas semanas.