Autoridades habilitadas para campaña sin dejar cargos

Con la publicación de la Ley 32058 en el diario oficial El Peruano, los congresistas del actual periodo tendrán la posibilidad de postular a los comicios de 2026, sin la obligación de separarse de sus funciones. Esta norma abre el camino a una doble contienda electoral y genera cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos durante las campañas.

Nueva ley permite campañas sin licencia obligatoria

La Ley 32058 modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas. Su artículo 14, sobre impedimentos para postular, indica que los congresistas no están obligados a solicitar licencia sin goce de haber si su mandato concluye el mismo año que se desarrollan elecciones regionales y municipales.

La norma fue publicada tras vencer el plazo de promulgación presidencial, por lo que el Congreso la oficializó con las firmas de Alejandro Soto y Arturo Alegría. Aunque ya forma parte del marco legal, podría ser modificada por el actual Parlamento si así lo decidiera.

Esta disposición plantea dudas sobre el uso del tiempo legislativo, semanas de representación, viajes y sesiones semipresenciales como plataformas para promover nuevas candidaturas.

Elecciones 2026: Congreso se encamina a la campaña

A un año de las elecciones generales y meses después de los comicios regionales y municipales, varios congresistas ya estarían preparando sus postulaciones. Muchos llegaron al Congreso como parte de bancadas a las que luego renunciaron y hoy podrían aspirar a nuevos cargos sin dejar sus beneficios actuales.

Según el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, no se debe perder la representatividad parlamentaria, pese a que los legisladores tengan aspiraciones electorales. Por su parte, el exministro de Justicia, José Tello, considera que los accesitarios deben asumir los cargos si los titulares hacen campaña, y propone reformas que devuelvan a los partidos el control del Congreso.

La Ley 32058 permite que congresistas postulen a nuevas elecciones sin dejar sus cargos, siempre que su mandato finalice en el mismo año electoral. La medida, aunque legal, plantea cuestionamientos sobre la equidad del proceso y el uso de recursos del Estado en campañas políticas.