Campos: “No se puede acusar, pero sí investigar a la presidenta"

Heder Campos, abogado constitucionalista, explicó la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo ante el TC. / Video: Canal N

Abogado constitucionalista advirtió que, si el TC determina que no se puede investigar a un presidente en funciones, quedarían sin efecto investigaciones clave, como el caso Rolex o las muertes durante las protestas del 2022

Joel Campos, abogado constitucionalista, explicó que la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) busca resolver si se puede investigar a un presidente en funciones bajo el marco constitucional actual.  

Esta acción fue presentada frente a lo que el Ejecutivo considera una vulneración de sus competencias, en especial de la presidenta Dina Boluarte, debido a investigaciones del Ministerio Público en su contra.

En diálogo con Canal N, Campos precisó que la Constitución solo prohíbe acusar a un presidente en funciones, no investigarlo, y que esa acusación debe ser tramitada mediante una denuncia constitucional aprobada por el Congreso. 

Según el abogado, la investigación preliminar es necesaria para que el Ministerio Público tenga elementos de juicio y eventualmente presente una denuncia ante el Congreso.

Audiencia del TC 

Sobre la audiencia en el TC, indicó que la defensa de Boluarte ha solicitado participar como "tercero con interés", aunque resaltó que esto es redundante porque el propio Ejecutivo es el demandante. 

Señaló también que la participación de la Defensoría del Pueblo como amicus curiae es legítima y esperable, siempre que su intervención sea objetiva y técnica.

Campos advirtió que, si el TC determina que no se puede investigar a un presidente en funciones, quedarían sin efecto investigaciones clave, como el caso Rolex o las muertes durante las protestas del 2022. Esto podría afectar la posibilidad de sancionar delitos y generar impunidad. 

Finalmente, aclaró que la filtración de información reservada no es legal ni justificable, y que debe sancionarse a los responsables, pero no puede usarse como argumento para impedir investigaciones que son esenciales para la rendición de cuentas. 

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