Caso de Corvetto debe ir a Fiscalía Anticorrupción, según Caro

El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que las investigaciones contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por las irregularidades en las Elecciones Generales 2026, deben ser trasladadas a una Fiscalía Anticorrupción. Según el especialista, el caso ha trascendido la simple negligencia administrativa para entrar en el terreno de la responsabilidad penal bajo la figura del dolo.

Caro señaló que, al no ser un alto funcionario con prerrogativa de antejuicio, Corvetto puede ser procesado por una fiscalía ordinaria. El jurista enfatizó que la gravedad de los hechos, que incluyen la obstaculización del acto electoral y la omisión de funciones, justifica un escrutinio profundo sobre la transparencia en la gestión de los recursos de la ONPE.

Caso Corvetto: Indicios de colusión desleal en contratación logística

El especialista puso énfasis en la cuestionable selección del proveedor encargado del transporte del material electoral. Cuestionó cómo la ONPE adjudicó un contrato de más de 6 millones de soles a una empresa con apenas 13 personas en planilla y sin flota propia, dejando de lado a operadores con mayor capacidad y prestigio en el rubro.

Para Carlos Caro, este escenario configura un presunto delito de colusión desleal, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, el cual sanciona la defraudación al Estado en contrataciones públicas con penas de hasta 20 años. El abogado resaltó que la ONPE contrató al "peor proveedor" y el que, además, cobraba un precio más elevado que la competencia calificada.

Caso Corvetto: cuestionamientos por falta de veracidad pública

Otro punto crítico señalado por Caro fue la declaración de Piero Corvetto asegurando que el material electoral estaba distribuido en su totalidad, afirmación que resultó ser falsa. El abogado sostuvo que el jefe de la ONPE mintió a la ciudadanía para encubrir la incapacidad operativa del operador logístico seleccionado y el incumplimiento de los cronogramas internos.

Esta falta a la verdad, según el penalista, no fue un error de comunicación, sino un intento deliberado de ocultar una situación de riesgo que ya había sido advertida incluso por la Contraloría. Caro argumentó que ocultar información relevante sobre el proceso electoral constituye un comportamiento doloso, ya que se conocía el incumplimiento de la regulación y no se tomaron medidas preventivas.

Alternativas legales frente a la permanencia en el cargo

Ante la proximidad de la segunda vuelta, Carlos Caro indicó que la Ley Orgánica de la ONPE no califica el cargo de jefe nacional como irrenunciable. Explicó que existen mecanismos legales, como el pedido de licencia o la excusa, para que Corvetto se aparte de la conducción del proceso y no se "aferre al cargo" en medio de la crisis de confianza.

El jurista advirtió que mantener a la actual directiva de la ONPE pone en riesgo la igualdad del voto, citando que en la primera vuelta hubo ciudadanos que sufragaron en condiciones distintas, con acceso a bocas de urna y resultados ya difundidos, lo cual altera la voluntad popular y la equidad del ejercicio democrático.

Figura de la ignorancia deliberada en la gestión

Carlos Caro discrepó de quienes califican el caos electoral como un simple tema de mala gestión. El abogado aplicó la figura de la willful blindness (ignorancia deliberada), señalando que el jefe de la ONPE tenía el deber de conocer y supervisar las áreas delegadas, especialmente ante las alertas previas de irregularidades.

"El dolo no es solo intención, es el conocimiento del incumplimiento de la regulación", precisó el penalista. 

El abogado penalista Carlos Caro afirmó que el caso de Piero Corvetto debe ser derivado a una Fiscalía Anticorrupción, argumentando que las irregularidades en la ONPE configuran delitos de colusión desleal y defraudación al Estado. Caro señaló que Corvetto mintió al asegurar que el material electoral estaba distribuido para encubrir una mala contratación logística. Asimismo, el jurista precisó que el cargo no es irrenunciable y que el funcionario debería apartarse mediante una licencia para garantizar la transparencia de la segunda vuelta, ante la pérdida de confianza y los indicios de dolo en su gestión.