Caso Vizcarra: Roy Gates rechaza tesis de persecución política

El penalista Eduardo Roy Gates afirmó que la prisión preventiva de cinco meses contra Martín Vizcarra tiene sustento legal, advirtió que no se trata de persecución política y explicó los escenarios posibles en la apelación
Para el penalista Eduardo Roy Gates, la solicitud fiscal de prisión preventiva buscaba garantizar que Martín Vizcarra esté presente para escuchar la sentencia.
La medida se dictó luego de que venciera el impedimento de salida del país, lo que generaba riesgo de fuga en plena etapa final del juicio por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
¿Qué tan sólido es el caso?
En diálogo con Canal N, Roy Gates sostuvo que existen pruebas contundentes contra el exmandatario. Entre ellas, declaraciones de colaboradores eficaces, testimonios directos de empresarios y la confesión del exministro José Hernández, quien narró la entrega de sobornos.
“Este no es un caso político, es de corrupción. Hay pruebas abundantes y lo esperable es una condena con pena efectiva”, aseguró.
¿Qué puede resolver la sala de apelaciones?
El especialista explicó que la sala tiene tres opciones: Confirmar los cinco meses de prisión preventiva, reducir el plazo a tres o cuatro meses o revocar la medida e imponer otras restricciones. Lo que no puede hacer es aumentarla, pues la Fiscalía no apeló.
¿La sala puede decidir su lugar de reclusión?
El traslado de Vizcarra a Ancón II generó polémica. Sin embargo, Roy Gates precisó que la sala no tiene competencia en esa materia. “El INPE dispone dónde cumplen pena los internos. Ancón II es un penal seguro y Vizcarra está en un tópico aislado, lo que reduce riesgos”, explicó.
Rechaza persecución política contra Martín Vizcarra
Roy Gates descartó esa posibilidad. “No hay persecución política. La prisión preventiva la dictó el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Vizcarra fue procesado por hechos de corrupción, no por razones políticas”, enfatizó.
El abogado añadió que la defensa aprovechará el traslado para reforzar una narrativa de victimización ante instancias internacionales.
¿Qué impacto puede tener en el proceso internacional?
La defensa de Vizcarra ya activó mecanismos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Roy Gates, esa estrategia busca presentarlo como un perseguido político para intentar anular decisiones judiciales en el país.
“No tendrá éxito, porque la Fiscalía Lava Jato ha procesado a políticos de todos los colores. Este no es un caso político, sino de corrupción”, dijo.
El penalista recordó que la defensa podría acudir a la Corte Suprema mediante casación. Sin embargo, lo considera un recurso inútil. “Una casación demoraría más de un año, cuando ya habrá sentencia. La prisión preventiva es una medida cautelar; lo importante es la decisión final del colegiado”, apuntó.
Roy Gates fue categórico: “La sala no asumirá el riesgo de liberar a Vizcarra y que luego se fugue. Lo más probable es que confirmen la medida, aunque quizá reduzcan el plazo”. El reto inmediato será la sentencia del colegiado que lleva el caso. Si se dicta en los próximos meses, antes de que expire la prisión preventiva, se evitará un nuevo debate sobre su libertad.
“Lo ideal es que la sentencia salga antes de los cinco meses. Vizcarra no es un perseguido político, es un procesado por corrupción”, finalizó Roy Gates.