Prisontec denuncia “boicot” del INPE para instalar bloqueadores de celulares

Cerca de 50 mil celulares son confiscados cada año en el país, tras las requisas que se llevan a cabo en los penales, escenas de presos sosteniendo conversaciones son un indignante lugar común, como el hecho de que el 70% de la actividad criminal es coordinada desde el interior de las cárceles.

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Año tras año el INPE lo promete, pero hasta ahora nada. Hace cinco años se anunció su implementación para eliminar este problema de seguridad ciudadana. 

A cambio del monopolio, de la exclusividad de los locutorios de telefonía pública, monitoreada y permitida dentro de los penales peruanos, la empresa Prisontec ofrecía el bloqueo de las señales de celular prohibidas en 33 penales.

Pues bien, en octubre del año 2014 la empresa Prisontec, comandada por el peruano Tito Fernández, finalmente firmó un contrato para implementar los bloqueadores en los 33 penales, pero más de dos años después, su empresa solo ha podido implementar su tecnología en diez.

A la fecha, hay 14 controversias abiertas por la autoridad penitenciaria pese a que Prisontec ha cumplido con invertir más de 4 millones de dólares. Lo que aducen es que, simplemente, no se les ha dejado trabajar en los 33 penales, ni siquiera pueden instalar todos sus equipos en los espacios acordados.

“Nos dicen, la sala de equipos asignada tiene que estar dentro del estudio técnico especializado, tenemos 4 cartas enviadas diciendo voy tal fecha, pero los supervisores del INPE nunca llegaron (…) porque no tenían presupuesto para ir. Yo creo que sí hay un boicot dentro”, dijo Tito Fernández, representante de Prisontec.  

Y para abonar la escandalosa hipótesis de la empresa Prisontec, Fernández nos explica que desde el 2014 el Estado debió contratar un supervisor externo del contrato, excepcionalmente fue el mismo INPE quien optó por supervisar el contrato.

“El Ministerio de Justicia y el INPE se convirtieron en mis supervisores (es como poner al gato de despensero)”, afirmó Fernández.

Sabemos de las decenas de trabajadores del INPE inmersos en procesos penales por la introducción de celulares a penales peruanos. Sin embargo actúa como juez y parte, Fernández tiene una explicación tan cruda como creíble. 20 millones de soles de por medio. Cada celular tiene un precio, un solo celular puede costar hasta 320 soles al mes.

Eso no es todo, según Fernández el INPE no cumple con retirar de 8 penales los teléfonos públicos de operadores comerciales como Telefónica y Claro, recordemos que lo único que Prisontec recibe a cambio de poner bloqueadores es el monopolio de las llamadas en teléfonos públicos.

“Lo que no puedo entender es que el Estado permite un sistema seguro y uno inseguro. El negocio que era del celular en los penales que ahora están bloqueados, ahora se ha convertido en la venta de tarjetas ¿Quiénes las venden? El INPE”, dijo.

Una de las causas que aduce el INPE para cuestionar el contrato con Prisontec es que la empresa no puede garantizar el bloqueo de las señales de Telefónica y Claro. Un evidente conflicto.

El decreto legislativo 1229 promulgado en noviembre de 2016, acabó con la competencia entre bloqueo y señales telefónicas que afectaba a la población vecina a los penales y para febrero las fronteras estarán delimitadas.

Ahora bien. Algo que resulta inexplicable, en estos tiempos de inseguridad ciudadana al galope, con robos, asaltos y extorsiones al menudeo, es el hecho de que Prisontec ofrezca al gobierno peruano información valiosísima gracias a los reveladores registros de la delincuencia que obtiene a través de su tecnología y que no haya respuesta positiva.

Mientras el crimen sigue haciendo de las suyas. Fernández nos muestra todas las cartas que ha enviado, incluyendo al ministerio de justicia ofreciendo estos datos, pero no obtiene respuesta.