Christian Salas: Fiscalía debe investigar presunto intercambio de favores en contrataciones vinculadas al penal de Barbadillo

El exprocurador anticorrupción Christian Salas consideró que las contrataciones en el Congreso de familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de un exdirector del penal de Barbadillo no pueden ser consideradas simples coincidencias y advirtió que los hechos ameritan una investigación por la presunta comisión de delitos.

En entrevista con Canal N, Salas se refirió al reportaje de Cuarto Poder, que reveló que familiares directos de trabajadores penitenciarios y de un exdirector del establecimiento donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo consiguieron puestos remunerados en despachos congresales, la bancada de Juntos por el Perú y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

“En este caso hablamos de tres contrataciones en puestos diferentes, pero todos vinculados a una misma bancada que públicamente es conocido que está luchando por excarcelar al expresidente Pedro Castillo”, señaló.

Para el exprocurador, estos hechos representan indicios que justifican la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. Consideró que el Ministerio Público debería iniciar diligencias preliminares de oficio y realizar acciones urgentes para esclarecer las posibles coordinaciones entre los involucrados.

"No estamos ante hechos simplemente anecdóticos o coincidencias que se pueden haber dado en materia de contratación. Son hechos graves y que estoy seguro hoy la Fiscalía Anticorrupción de oficio está iniciando diligencias preliminares", apuntó.

Salas plantea incautar celulares y revisar comunicaciones

El especialista sostuvo que una de las primeras medidas de investigación debería ser la incautación de teléfonos celulares y el levantamiento del secreto de las comunicaciones, con el objetivo de identificar posibles coordinaciones entre los trabajadores del INPE, los familiares contratados y los integrantes de la bancada parlamentaria.

Salas explicó que la investigación no debería limitarse a los congresistas cuyos despachos contrataron a estas personas, sino que también tendría que determinar cómo llegaron los trabajadores a esas oficinas y si las contrataciones fueron propuestas o impuestas desde la propia bancada.

“Lo que hay que ver es cómo llega este trabajador al congresista o si es la bancada la que le impone el trabajador”, indicó.

Asimismo, señaló que la Fiscalía deberá solicitar la documentación del Congreso para verificar si las personas contratadas cumplían con los perfiles y requisitos establecidos para cada puesto. Según indicó, las posibles irregularidades en los procesos de contratación podrían constituir indicios adicionales.

Advierte posibles delitos de cohecho y negociación incompatible

Salas explicó que un eventual intercambio de favores podría configurar delitos de cohecho activo y pasivo, incluso si no existió una entrega de dinero. Precisó que el beneficio ofrecido o solicitado a un funcionario público también puede consistir en una dádiva o favor. “Un cohecho, que es en términos simples un soborno, no siempre es en plata”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la investigación tendría que determinar si funcionarios del Congreso facilitaron contrataciones a cambio de beneficios relacionados con las condiciones de custodia de Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. También consideró que se debería indagar la posible comisión del delito de negociación incompatible.

El exprocurador remarcó que la responsabilidad podría alcanzar a distintos actores, dependiendo de lo que establezcan las diligencias fiscales, incluidos los funcionarios que permitieron las contrataciones y las personas que habrían intervenido en las coordinaciones.

Christian Salas cuestiona aplicación de amnistía a Pedro Castillo

Durante la entrevista, el exprocurador también se refirió al proyecto de ley de amnistía vinculado al expresidente Pedro Castillo. Al respecto, sostuvo que esta figura jurídica suele aplicarse en contextos excepcionales, como conflictos armados internos, con el propósito de restablecer la paz social y promover la reconciliación nacional.

“En el caso Pedro Castillo, ¿cuál habría sido ese hecho? No, eso fue un delito por el cual Pedro Castillo está condenado, por lo que jurídicamente aquí no cabría aplicar una ley de amnistía”, manifestó.

Salas consideró que el debate sobre la iniciativa legislativa corresponde a un ámbito distinto al de las presuntas irregularidades en las contrataciones del Congreso y sostuvo que, desde el punto de vista jurídico, no correspondería aplicar una amnistía al exmandatario.