Comisión Permanente del Congreso archiva denuncia a Rosio Torres

Con una votación dividida, la Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la congresista Rosio Torres Salinas, presentada por el Ministerio Público en el marco del llamado “caso Mochasueldos”.

El informe final, respaldado por 10 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones, fue aprobado y remitido al archivo pese a las evidencias bancarias y testimoniales recopiladas por la Fiscalía.

El informe, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, concluyó que no se hallaron elementos suficientes para sustentar los delitos de concusión ni la vulneración de artículos de la Constitución.

La presidenta de la subcomisión, María Acuña, señaló que no se evidenció la infracción de los artículos 1 y 2, inciso 15, de la Carta Magna.

Blindaje en el Congreso pese a transferencias sospechosas

El caso que involucra a la congresista Rosio Torres se remonta a una investigación fiscal iniciada tras un reportaje periodístico emitido en abril de 2023.

En dicho informe se denunció que la parlamentaria de Alianza para el Progreso habría inducido a trabajadores de su despacho y de la subcomisión que presidía a entregar parte de sus sueldos, a través de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra, a cambio de estabilidad laboral.

La asesora Cecilia Salazar figura como una de las principales implicadas. Registros bancarios confirman que Salazar realizó transferencias al sobrino de la legisladora por montos que suman más de 24 mil soles en solo siete meses.

Estos depósitos, según la hipótesis del Ministerio Público, tenían como destino final el bolsillo de la parlamentaria.

El juez supremo Juan Carlos Checkley autorizó el levantamiento del secreto bancario de Rosio Torres y de su sobrino. Sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso desestimó la denuncia y optó por archivar el caso.

Nuevas revelaciones por contratación de familiares

A la investigación original se sumó un nuevo ángulo revelado por el dominical Cuarto Poder en junio de 2025. El reportaje evidenció que Alexandra Tafur Salazar, hija de Cecilia Salazar y odontóloga de profesión, fue contratada por el Congreso para realizar funciones administrativas, pese a no cumplir con el perfil del puesto.

Según el experto en contrataciones públicas Marco Montoya, la contratación no solo carecía de sustento técnico, sino que violaba la norma que prohíbe que parientes hasta segundo grado trabajen en la misma entidad pública.

La contratación fue avalada por Heidy Figueroa, entonces jefa de Recursos Humanos y también militante del partido de Torres, Alianza para el Progreso.

Montoya señaló que este hecho podría constituir direccionamiento partidario y uso indebido de recursos del Estado, al incorporar familiares en puestos sensibles bajo condiciones irregulares.

Testimonios, evasivas y recompensas

La denuncia de recorte de sueldos se sostiene no solo en los movimientos bancarios, sino también en declaraciones de extrabajadores del Congreso, quienes señalaron que Cecilia Salazar recolectaba el dinero de sus colegas y lo transfería al sobrino de Torres.

Uno de los testimonios indica que “a más cupos, más recorte de sueldos” y que el silencio habría sido premiado con ascensos y recontrataciones.

Consultada por Cuarto Poder, Rosio Torres admitió su vínculo de amistad con Cecilia Salazar, pero evitó responder sobre las transferencias realizadas. “Tuvieras que preguntarle a ella”, fue su respuesta sobre el destino del dinero.

Por su parte, Alexandra Tafur no respondió a las preguntas del equipo periodístico. Su madre, implicada directamente, no fue ubicada tras el reportaje. En tanto, Rosio Torres denunció acoso mediático y atribuyó los informes a una campaña política en su contra.

Otra denuncia archivada: caso Rosa Gutiérrez

En la misma sesión, la Comisión Permanente del Congreso también archivó la denuncia constitucional contra la exministra de Salud Rosa Gutiérrez Palomino, acusada por presunta omisión, rehusamiento y demora en actos funcionales durante la crisis sanitaria por dengue.

La decisión fue respaldada por 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. La exministra fue responsabilizada por la inacción del sector salud durante el incremento de casos de dengue en el país. Sin embargo, la subcomisión consideró que no existían pruebas suficientes para continuar el proceso.

Críticas a la impunidad parlamentaria

El blindaje otorgado por el Congreso a Rosio Torres se suma a una lista de decisiones similares en los últimos años, donde denuncias graves contra legisladores han sido archivadas pese a indicios documentados y requerimientos fiscales.

Diversos sectores cuestionan el uso de la mayoría parlamentaria para frenar investigaciones que involucran a congresistas en actos de corrupción o mal uso de recursos públicos. Organizaciones civiles y expertos en derecho constitucional han advertido sobre los riesgos de impunidad legislativa.

Comisión Permanente del Congreso en el foco público

La Comisión Permanente del Congreso, responsable de revisar y votar informes finales de denuncias constitucionales, concentra gran poder en la etapa final de procesos parlamentarios. En el caso de Rosio Torres, su decisión ha sido interpretada como una maniobra política para evitar el avance de investigaciones en curso.

Si bien la Comisión justificó su decisión en la falta de pruebas concluyentes, la Fiscalía ha señalado que continuará con la investigación penal. El levantamiento del secreto bancario sigue vigente y se prevé que el Ministerio Público cite a nuevos testigos y evalúe el uso de fondos públicos en el despacho de Torres.

La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la congresista Rosio Torres, pese a las transferencias bancarias y testimonios recogidos por la Fiscalía en el marco del caso Mochasueldos. También archivó la denuncia contra la exministra Rosa Gutiérrez por la gestión de la crisis del dengue. La decisión ha sido cuestionada por organizaciones que denuncian un uso político del poder legislativo para blindar a sus miembros.