Congreso acusa a ocho funcionarios por acuerdo con Odebrecht

La Comisión Investigadora del Congreso que evaluó el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht aprobó por mayoría un informe final que acusa a ocho personas por presuntos delitos vinculados a la firma del convenio entre el Estado peruano y la constructora brasileña. El documento, encabezado por el congresista Alejandro Muñante, sostiene que el acuerdo habría sido lesivo para los intereses del país.

Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez figuran entre los señalados, acusados de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones y tráfico de influencias, debido a las condiciones en que se negoció el acuerdo de colaboración. Según el informe, ambos fiscales habrían otorgado beneficios ilegales a la empresa y sus directivos, incluyendo exoneraciones de penas y blindajes no contemplados por la ley.

Periodistas y exfuncionarios también están incluidos

El informe también recomienda investigar a otras personalidades vinculadas al proceso judicial del caso Odebrecht, entre ellas el periodista Gustavo Gorriti, las exfiscales de la Nación Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, la procuradora Silvana Carrión, el exprocurador Jorge Ramírez, y la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho.

En el caso de Gorriti, el documento le atribuye una supuesta obstrucción a la justicia e influencia indebida en decisiones del Ministerio Público, al igual que a otros implicados, por su rol en la defensa pública del acuerdo.

Críticas a la estructura del acuerdo con Odebrecht

La comisión concluyó que el convenio firmado con Odebrecht contenía cláusulas contrarias al Código Procesal Penal, al permitir a la empresa negociar entregas de información futura, lo cual habría generado una situación de inmunidad anticipada para sus directivos. Asimismo, se cuestiona que el acuerdo excluyera la aplicación de la Ley 30737, norma creada para garantizar el pago de la reparación civil.

Uno de los puntos más críticos del informe se refiere al uso del dinero proveniente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, que según el documento ya correspondía al Estado. En lugar de retener esos fondos en un fideicomiso legal obligatorio, se creó un fideicomiso “consensuado”, que habría permitido a Odebrecht disponer libremente de más de 160 millones de dólares.

El informe pasará ahora al Pleno del Congreso

El informe aprobado será elevado al Pleno del Congreso, donde se debatirá públicamente. Alejandro Muñante, presidente de la comisión, afirmó que “la verdad siempre prevalece” y cuestionó los intentos por deslegitimar el trabajo de su grupo.