Congreso niega red de prostitución pero alerta irregularidades
La Comisión de Fiscalización detectó un patrón de contrataciones irregulares favoreciendo a personas vinculadas a partidos políticos, sin meritocracia ni justificación técnica.
Pese a las denuncias iniciales, la Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que no existen elementos probatorios concluyentes sobre la existencia de una red de prostitución al interior del Parlamento.
Sin embargo, sí se revelaron prácticas sistemáticas de contratación irregular, especialmente de personal femenino, en presunto contexto sexista y sin cumplir con los requisitos legales.
El informe final, que será presentado este miércoles 18 de junio, señala que la investigación se inició tras el asesinato de la extrabajadora Andrea Vidal Gómez, cuyo caso fue vinculado inicialmente a estas denuncias.
La Comisión concluyó que su comportamiento sexual pertenecía al ámbito privado y no tenía relación directa con funcionarios del Congreso.
Contrataciones irregulares y favorecimiento político
El informe denuncia que el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional, Jorge Torres Saravia, habría favorecido reiteradamente a mujeres jóvenes con quienes mantenía relaciones personales, aprovechando la liberalidad del sistema de contratación directa.
Además, advierte un patrón de designaciones vinculadas al partido Alianza para el Progreso (APP) durante las gestiones de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana.
También se documentaron deficiencias en los legajos de trabajadoras como Isabel Cajo, Yesenia Lozano y Fiorela Monteza, quienes no habrían cumplido con los requisitos mínimos para los cargos que ocuparon.
En varios casos, incluso se habrían usado documentos presuntamente falsos para justificar la contratación.
Recomendaciones: Ministerio Público y control interno
El informe recomienda remitir el caso al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que investiguen la presunta comisión de delitos como nombramiento ilegal, tráfico de influencias, uso de documentos falsos y obstrucción de la justicia.
También se sugiere restituir el Estatuto Parlamentario para fortalecer el control sobre contrataciones.
Aunque no se probó la existencia de una red de prostitución, la Comisión subraya que el Ministerio Público, con acceso a herramientas coercitivas como el levantamiento del secreto bancario o telefónico, podría profundizar la indagación y hallar nuevas evidencias.
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