Congreso: proyecto para proteger de alimentos contaminados
La bancada de Ahora Nación plantea implementar un sistema preventivo de trazabilidad agraria desde el campo.
La bancada del partido Ahora Nación presentó un proyecto de ley en el Congreso de la República para proteger la salud de los consumidores frente a la venta de alimentos contaminados con pesticidas.
La propuesta busca cambiar el sistema actual por uno preventivo que permita rastrear el origen de las frutas y verduras. De acuerdo con el texto, se fortalecerá el control sanitario para retirar del mercado todos los productos con sustancias tóxicas.
La iniciativa otorga más funciones al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
Asimismo, involucra a los gobiernos regionales y municipios en la fiscalización del transporte y venta de comida en los centros de abasto. El proyecto establece que el uso indebido de agroquímicos será considerado una infracción muy grave.
Congreso: controles sanitarios y alerta sobre los pesticidas
La propuesta legislativa busca frenar los altos niveles de sustancias tóxicas hallados en los alimentos de mayor consumo popular. De acuerdo con los monitoreos ciudadanos, el 60% de las muestras analizadas no es apto para el consumo humano.
Los análisis de laboratorio arrojaron que el pimiento registró un exceso de triasofos de 5200% sobre el límite permitido.
En el caso del tomate, los exámenes arrojaron presencia del químico fipronil en un 1280% por encima de los parámetros máximos. "La defensa del consumidor empieza antes de que el producto llegue al mercado", afirmó el senador Jaime Delgado sobre la urgencia de la norma.
El parlamentario señaló que la falta de fiscalización previa expone diariamente a la población a graves riesgos de intoxicación.
Los estudios presentados señalan que la ingesta de sustancias como el clorpirifos altera el desarrollo hormonal y la capacidad reproductiva.
De acuerdo con el senador, este agroquímico actúa como un disruptor endocrino que impacta directamente en los jóvenes. Por esta razón, la iniciativa plantea retirar inmediatamente los lotes agrícolas que no cumplan las normas sanitarias.
Fallo del Tribunal Constitucional sobre los pesticidas
El proyecto toma mayor fuerza tras la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC). La institución declaró un estado de cosas inconstitucional al considerar insuficiente la fiscalización del Estado sobre los productos de origen vegetal.
En ese marco, el órgano ordenó suspender de forma temporal la venta y uso de cinco agroquímicos peligrosos.
Las sustancias restringidas por la resolución judicial son el clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin en todo el país.
El fallo del máximo intérprete de la Constitución le dio un plazo de 180 días al Poder Ejecutivo para resolver el problema sanitario. Para fiscalizar este mandato, el despacho del legislador Jaime Delgado envía un oficio semanal con cuenta regresiva al primer ministro Luis Galarreta.
El parlamentario precisó que esta medida responde a una acción de amparo iniciada por la Asociación de Consumidores de Apurímac.
Diversas organizaciones sociales de la plataforma de seguridad alimentaria y agricultores respaldaron la presentación de este documento en el parlamento. La propuesta legal busca que el Estado peruano garantice laboratorios equipados para realizar exámenes químicos constantes.
Sistema de trazabilidad y sanciones a comerciantes
La iniciativa impone el cumplimiento obligatorio de las buenas prácticas agrícolas en todos los valles del país. De acuerdo con el proyecto, el sistema de trazabilidad agraria permitirá conocer la ruta exacta del producto desde la granja hasta el comprador.
Las autoridades podrán inmovilizar los cargamentos en los puntos de control si detectan irregularidades.
El uso irresponsable de químicos prohibidos será sancionado como una falta muy grave por los organismos fiscalizadores. Las municipalidades locales deberán coordinar inspecciones periódicas en los mercados mayoristas y minoristas de sus jurisdicciones.
La norma contempla la publicación de alertas sanitarias para informar a la ciudadanía sobre los alimentos retirados.
El texto actualizado recoge años de trabajo técnico con la sociedad civil y el Ministerio de Agraria y Riego (MIDAGRI). La bancada de Ahora Nación solicitó acelerar el debate en las comisiones ordinarias antes de su votación en el pleno. Las medidas planteadas buscan evitar que la población continúe consumiendo alimentos frescos con residuos tóxicos en 2026.
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