Luis Roel: archivo de denuncia contra Pedro Castillo no impide que se presente una nueva acusación constitucional

Respecto al enfrentamiento entre las mesas directivas de ambas cámaras por la propuesta de reducir cerca de S/450 millones del presupuesto del Congreso, el constitucionalista y excongresista consideró que existe una división que se originó durante el proceso de implementación de la bicameralidad
El abogado constitucionalista y excongresista Luis Roel señaló que el archivo de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no significa que la investigación haya quedado definitivamente cerrada.
Durante una entrevista con Canal N, explicó que el reglamento de la Cámara de Diputados permite presentar una nueva denuncia constitucional cuando aparecen nuevos hechos y ha transcurrido una legislatura desde el archivo de la anterior.
En ese sentido, sostuvo que el Ministerio Público todavía puede continuar con las investigaciones y reunir nuevos elementos que fortalezcan el caso, relacionado con presuntos delitos de cohecho y abuso de autoridad. También precisó que estos delitos aún no habrían prescrito, por lo que existiría tiempo para avanzar con las diligencias.
Roel cuestionó la votación que permitió archivar la denuncia y señaló que, para que el caso avanzara, se necesitaban 76 votos. Según explicó, las abstenciones y ausencias de parlamentarios impidieron alcanzar esa cifra. A su juicio, las decisiones sobre acusaciones constitucionales también están condicionadas por los acuerdos y las posiciones políticas dentro del Parlamento.
El excongresista consideró que el archivo de este caso refleja las dificultades para que las investigaciones contra altos funcionarios avancen hacia una evaluación de las pruebas y las responsabilidades correspondientes.
Acusación constitucional contra Miguel Torres
En otro momento, Roel se refirió a la denuncia constitucional que plantea una posible inhabilitación por diez años contra el presidente del Senado, Miguel Torres, por la promulgación de una ley vinculada a las facultades legislativas.
El constitucionalista explicó que este procedimiento corresponde a un juicio político por una presunta infracción a la Constitución, a diferencia del antejuicio político relacionado con la investigación de presuntos delitos de función. En este caso, la eventual sanción buscaría impedir que el funcionario ejerza cargos públicos hasta por diez años.
Roel sostuvo que la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados deberá evaluar la procedencia de la denuncia y elaborar un informe sobre la presunta infracción y la sanción planteada.
Como alternativa, consideró que la oposición debió presentar primero una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que este organismo precise los alcances de las disposiciones constitucionales en debate y determine quién tiene la competencia para promulgar las normas en el nuevo Congreso bicameral.
A criterio de Roel, la denuncia podría no prosperar debido a la configuración de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Añadió que, si el caso llegara al Senado, también podría enfrentar dificultades por la mayoría que, según indicó, mantiene el oficialismo en esa cámara.
Roel advierte fractura entre Diputados y Senado
Respecto al enfrentamiento entre las mesas directivas de ambas cámaras por la propuesta de reducir cerca de S/450 millones del presupuesto del Congreso, Roel consideró que existe una división que se originó durante el proceso de implementación de la bicameralidad.
El exparlamentario señaló que los puentes de diálogo entre Diputados y el Senado se han debilitado y que sus titulares deberían reconstruir los canales de coordinación para evitar que las diferencias afecten la gestión parlamentaria.
También advirtió que la discusión presupuestal puede generar dificultades para la próxima administración del Congreso, especialmente porque la Cámara de Diputados asumiría la presidencia del Parlamento el siguiente año.
Finalmente, cuestionó que la implementación de la bicameralidad no haya evitado un incremento de gastos, pues ahora existen dos cámaras, más despachos y mayores necesidades de personal y servicios.








