Juntos por el Perú contrató en el Congreso a familiares de agentes del INPE que custodian a Pedro Castillo

La Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú ha registrado la contratación de familiares directos del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asignado a la seguridad del expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. De acuerdo con la información difundida por el programa Cuarto Poder, las contrataciones laborales benefician a la hija del actual director del establecimiento penitenciario, al hijo de un agente de seguridad en funciones y a un exdirector de dicho centro penitenciario, habiéndose formalizado los puestos de trabajo en despachos y comisiones parlamentarias asociadas a la bancada de Juntos por el Perú.

Las investigaciones periodísticas determinaron que las asignaciones presupuestales corresponden a cargos de técnicos y asesores con remuneraciones mensuales que oscilan entre los 8000 y 8300 soles. La investigación reveló que la vinculación laboral entre el personal penitenciario y el Parlamento coincide con el régimen de reclusión del expresidente en el penal ubicado en el distrito de Ate, donde las autoridades administrativas y de seguridad tienen bajo su responsabilidad el control de los accesos, horarios de visita y cumplimiento de las medidas disciplinarias aplicadas al exmandatario.

¿Cómo se estructuraron los contratos de los familiares del personal penitenciario?

La contratación de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli se formalizó desde el mes de agosto como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, perteneciente a la bancada de Juntos por el Perú, asignándole una remuneración mensual de 8300 soles. La trabajadora es hija de Calixtro Lucero Rodríguez, quien ejerce como director del penal de Barbadillo desde mayo. El expediente laboral de la servidora pública no registraba experiencia previa en el sector público anterior a su incorporación en el Poder Legislativo, según constataron las revisiones del legajo administrativo del Parlamento.

Un seguimiento realizado el 18 de octubre por la Unidad de Investigación documentó visualmente que el director Calixtro Lucero Rodríguez trasladó en su vehículo particular a una persona vinculada al entorno de Pedro Castillo al momento de salir del recinto penitenciario. Paralelamente, el miércoles 4 de noviembre a las 9:14 a. m., se registró el ingreso de Yulissa Lucero al edificio parlamentario para cumplir sus labores en la oficina de la diputada Isla Rojas, quien figura en los registros de visitas oficiales al penal de Barbadillo. Consultada al respecto, la parlamentaria Azucena Isla Rojas declaró: "Bueno, yo al presidente lo visito, pero no lo conozco, desconoscos al director", y descartó que Pedro Castillo haya intervenido en la selección de la trabajadora.

De forma idéntica, Alejandro Nicolás Hurtado Paz fue contratado como técnico en la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú con un sueldo mensual de 8000 soles. El servidor parlamentario es hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente de seguridad del INPE asignado permanentemente a la custodia del recinto penal de Barbadillo. Ante los cuestionamientos planteados por la prensa sobre el origen de su contratación y la relación con la función de su progenitor, Alejandro Hurtado confirmó que su padre se desempeña como agente penitenciario en dicho penal, pero negó que haya existido un nexo para su obtención del cargo en el Congreso.

La incorporación del exdirector del penal de Barbadillo en la Comisión de Justicia

El exdirector del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, ingresó a trabajar en el Congreso de la República a partir del mes de octubre en calidad de asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La citada comisión parlamentaria se encuentra presidida por la diputada Catherine Palomino Casavilca, integrante de la representación de Juntos por el Perú. El nombramiento se produce en el marco de las funciones del grupo de trabajo legislativo que tiene a su cargo la evaluación y dictamen de un proyecto de ley dirigido a conceder amnistía al expresidente Pedro Castillo.

Héctor Sandoval Moreno desempeñó anteriormente la dirección de la sede penitenciaria de Barbadillo y fue citado en el año 2023 por la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las facilidades y presuntos beneficios del régimen de reclusión del exmandatario. Al ser abordado en los pasillos del Palacio Legislativo sobre la vía de acceso a su actual plaza laboral, el exfuncionario remitió la verificación de sus calificaciones a los legajos institucionales indicando: "Si pueden ver mi curriculum, el legajo (...) Averigüe bien (...) Averigüe en recursos humanos". Asimismo, Sandoval rechazó que su designación responda a una intermediación por parte de Pedro Castillo.

Las coordinaciones de seguridad y los registros de vigilancia al interior de Barbadillo sitúan a Juan Ramón Hurtado Barrenechea como uno de los efectivos encargados del control de los accesos de los visitantes del expresidente. Al ser consultado por vía telefónica respecto al desempeño de sus funciones y la contratación de su hijo en el servicio parlamentario, el agente penitenciario rehusó brindar declaraciones afirmando: "Yo no soy. Te has equivocado", finalizando la comunicación.

Las repercusiones de los vínculos entre el INPE y la bancada parlamentaria

Las denuncias sobre la entrega de puestos de trabajo a los familiares del personal penitenciario señalan la existencia de un patrón de beneficios cruzados entre la bancada de Juntos por el Perú y los encargados de la custodia de Pedro Castillo. La fiscalización a los contratos pone en evidencia que tanto el personal jerárquico como los agentes operativos del INPE asignados a Barbadillo han mantenido a sus allegados directos en planillas estatales bajo la jurisdicción de los parlamentarios que visitan al exmandatario recluido.

El análisis de la estructura funcional del Congreso confirma que los tres puestos otorgados en la bancada y en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dependen directamente de la gestión de parlamentarios que sostienen coincidencias políticas con el expresidente. Las asignaciones presupuestales directas aprobadas para Yulissa Lucero, Alejandro Hurtado y Héctor Sandoval representan una carga económica mensual superior a los 24 000 soles en el presupuesto del Poder Legislativo.

Los cuestionamientos formulados por los analistas institucionales destacan que el otorgamiento de plazas de trabajo a familiares del personal de custodia puede influir en la flexibilización de los controles internos y los regímenes de visitas en la sede penal. Las autoridades parlamentarias y los órganos de control del Congreso de la República no han emitido pronunciamientos anulatorios sobre los contratos vigentes de los servidores vinculados a la administración del penal de Barbadillo.