Zavala: Facultades legislativas son para el ciudadano

El presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala, ratificó hoy que las facultades legislativas planteadas al Congreso no son para el Gobierno sino para los ciudadanos que requieren se tomen una serie de acciones en su beneficio.

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Fernando Zavala, quién se presenta junto con el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, en la Comisión de Economía del Congreso para sustentar el pedido de facultades, afirmó que se necesita tener una administración pública que se acerque al ciudadano, que recaude más y que realmente formalice a la economía.

“Son medidas que tienen que ver con el ciudadano y que estamos seguros van a tener un impacto positivo”; reiteró al darse inicio a la sesión del grupo parlamentario.

Agregó que se necesita un Estado que se simplifique de cara a la micro y pequeña empresa y mejore el sistema de seguridad para que el ciudadano se sienta más seguro de caminar por las calles.
 
Al fundamentar el plazo para las facultades legislativas, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que el Gobierno necesita legislar durante 120 días en cuatro temas urgentes (reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento) porque tiene propuestas concretas para avanzar en favor del ciudadano.

“Son cuatro temas urgentes que necesitamos legislar para así avanzar en forma rápida y tener en el corto plazo un impacto en el ciudadano”, apuntó Fernando Zavala ante la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso de la República para sustentar el Proyecto de Ley 228/2016-PE que delega facultades legislativas el Ejecutivo.

Fernando Zavala señaló que en el caso de la minería ilegal se requiere llegar a consensos con los involucrados. Recordó que en ese tema existe una legislación dejada por el gobierno anterior que vence el 31 de diciembre próximo, por tanto, añadió, se tienen que tomar acciones rápidas y hacer consultas con las personas envueltas en ese sector.

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Cabe recordar que el proyecto de Ley 228/2016-PE propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú.