Contraloría: responsabilidad en 10 funcionarios de la ONPE por irregularidades
El informe de control específico detalla un direccionamiento de más de 6 millones de soles en la contratación de camiones de carga y un incremento ilegal del 900 % en el costo del flete por kilogramo de equipos informáticos.
La Contraloría General de la República (CGR) determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 altos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluyendo de forma directa a su exjefe de pliego, Piero Corvetto Salinas, debido a una cadena de irregularidades y manejos presupuestarios que provocaron el colapso logístico en la primera vuelta de las Elecciones Generales realizada el pasado 12 de abril de 2026.
De acuerdo con el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las deficiencias administrativas y operativas de la plana gerencial impidieron la instalación oportuna de 187 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, quebrantando de forma directa el derecho constitucional al voto de 55 261 ciudadanos.
Direccionamiento y fletes inflados en un 900 %
La primera gran irregularidad detectada por los auditores se concentra en la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral. Los funcionarios formularon los Términos de Referencia (TdR) para el transporte y despliegue nacional de actas, ánforas y material informático sin consignar de forma real la cantidad de vehículos necesarios (requerían 400 y solo formalizaron un rango menor).
Durante el concurso público, el comité de selección alteró los puntajes de evaluación reduciendo arbitrariamente dos metros a la longitud de los camiones de un postor calificado para favorecer a otra empresa.
Este desvío metodológico permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a un proveedor cuya oferta era más cara por S/ 469 404.09 frente al competidor técnico idóneo. Además, el postor ganador ejecutó el despliegue utilizando un 92 % de vehículos de terceros y apenas el 8 % de flota propia.
A este escenario se sumó la aprobación exprés, entre el 7 y 9 de abril de 2026, de prestaciones adicionales por S/ 650 205.94 sin sustento técnico.
En este incremento, los funcionarios de Logística y Administración consintieron una variación ilegal del precio unitario del flete por kilogramo para el traslado de 5,441 laptops e impresoras desde las Oficinas Descentralizadas (ODPE) hacia el almacén central de Lurín.
La tarifa original de S/ 0.60 por kilo fue elevada de forma abrupta a S/ 6.00 por kilo, registrándose un incremento del 900 % en beneficio económico del contratista privado.
Reprogramación tardía y caos en los locales de votación
El segundo eje del informe expone la negligencia logística en el cronograma del Plan Operativo Electoral (POE). Los mandos de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral permitieron que los equipos informáticos de contingencia se trasladaran tarde tras las jornadas de capacitación docente del 5 de abril.
Peor aún, el 11 de abril, a menos de 24 horas de la apertura de las urnas, los jefes de área reprogramaron de manera inoportuna 43 rutas que abastecían a 553 locales de votación.
La ONPE asignó en el papel un tiempo de viaje de tres a cuatro horas para estas rutas de contingencia, a sabiendas de que los camiones requerían un mínimo de ocho horas para completar el trayecto, provocando que 3,605 mesas recibieran el material de votación fuera de horario o quedaran inhabilitadas.
La Contraloría General remitió este expediente con carácter de urgencia a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que inicie las denuncias penales correspondientes. Asimismo, los hallazgos fueron enviados a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el deslinde respectivo de acuerdo al marco normativo vigente.
La Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la ONPE, entre los que destaca el exjefe del organismo, Piero Corvetto. Las auditorías del órgano de control determinaron que la manipulación de los términos de referencia y puntajes en la licitación del transporte de material electoral por S/ 6.3 millones causó un direccionamiento a favor de un proveedor que no contaba con flota propia. Estos retrasos logísticos y una reprogramación improvisada de rutas a horas de los comicios provocaron que 187 mesas de Lima no se instalaran, dejando sin votar a 55,261 ciudadanos el pasado 12 de abril.
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