Contratos del Estado deberán ser públicos por ley

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que insiste en la autógrafa del Proyecto de Ley 0450/2022-CR, el cual establece la obligatoriedad de publicar todos los contratos suscritos por el Estado, incluidos aquellos firmados bajo la modalidad de gobierno a gobierno.

Según el texto aprobado, el objetivo es reforzar la transparencia, promover el control ciudadano y prevenir actos de corrupción en el uso de los recursos públicos.

Los únicos contratos que quedarán exceptuados de esta obligación serán aquellos relacionados con la seguridad nacional.

Observaciones del Ejecutivo fueron rechazadas

El grupo de trabajo parlamentario rechazó las observaciones del Poder Ejecutivo al numeral 45.6 del Decreto Legislativo 1362, que limitaba la publicación de estos contratos.

La comisión sostuvo que su derogación no afecta derechos constitucionales ni desincentiva la participación privada, sino que fortalece la fiscalización ciudadana.

Además, descartó una posible superposición con sistemas ya existentes como el SEACE o el Registro Nacional de Contratos APP, argumentando que estos no garantizan un acceso integral ni oportuno a la información contractual del Estado.

Congresistas exigen mayor control sobre uso del presupuesto

Durante el debate, el congresista Carlos Zeballos del Bloque Democrático criticó la reserva con la que se manejan muchos convenios.

“No podemos acceder a los contratos por cláusulas de confidencialidad, y eso es injustificable cuando se trata de dinero público”, sostuvo.

A su turno, el congresista Burgos Oliveros respaldó la medida y subrayó que “es vital saber en qué gasta el Estado los recursos de todos los peruanos”.

Más cambios: también se amplía acceso a declaraciones juradas

La comisión también aprobó, sin votos en contra, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 10320/2024-PE. Esta norma modifica la Ley 27482 para facilitar la publicación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos, así como la Ley 29709 sobre la Carrera Especial Pública Penitenciaria.