Corte IDH responde a carta de Dina Boluarte y recuerda que sus fallos son “vinculantes para el Estado en su totalidad”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió la carta enviada por la presidenta Dina Boluarte y el Congreso a inicios de julio. El organismo internacional exige al Estado peruano que se garantice la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, aprobada por la Comisión Permanente el pasado 4 de julio.

Asimismo, recordó a la jefa de Estado que Perú, al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte, incluidas las medidas provisionales. 

¿QUÉ RESPONDIÓ LA CORTE IDH?

La misiva, firmada por la presidenta de la corte, Nancy Hernández López, precisa que es una respuesta a la carta enviada por las autoridades peruanas en rechazo a la resolución del 1 de julio en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

“Conforme al derecho internacional, dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas”, indica el documento.

La corte precisa que, para el Perú, como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene la “obligación de cumplir las decisiones de la Corte IDH, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales”.

BOLUARTE Y SOTO ENVIARON CARTA A LA CORTE IDH

El 8 de julio, Dina Boluarte y Alejandro Soto enviaron una carta a Nancy Hernández como presidenta de la corte interamericana rechazando la resolución que requirió al Estado peruano que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a la norma, que en ese momento impulsaba el Congreso, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados antes del 2002.

En la carta, las autoridades peruanas manifestaron que el Perú es un país con sus propios mecanismos internos para controlar sus propias leyes.

“Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería, más bien, constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar”, indicaron Boluarte y Soto.