Corte Suprema rechaza apelación de Pedro Castillo por prisión
La defensa de Pedro Castillo alegó que fiscales adjuntos carecían de competencia, pero la Corte Suprema desestimó el argumento.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió, por unanimidad, rechazar la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo Terrones. El recurso buscaba dejar sin efecto la resolución que había declarado infundado el cese de su prisión preventiva por el delito de rebelión, en el marco del proceso que enfrenta por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El fallo fue emitido el lunes 18 de agosto tras la audiencia en la que la defensa de Castillo sostuvo que la prisión preventiva fue solicitada por fiscales adjuntos supremos sin la competencia legal para hacerlo. La Corte desestimó los argumentos al considerar que el procedimiento se ajustó a derecho.
Decisión de la Corte Suprema sobre la apelación
La Corte Suprema precisó que el recurso presentado por la defensa carecía de fundamentos jurídicos suficientes para variar la situación del expresidente. La apelación estaba dirigida contra la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en febrero de 2025 había rechazado un pedido de cese de prisión preventiva.
En la audiencia de apelación, la defensa insistió en que el requerimiento inicial de prisión preventiva debía provenir únicamente de fiscales supremos titulares y no de fiscales adjuntos. Sin embargo, la Sala Penal Permanente concluyó que el Ministerio Público actuó dentro de sus facultades.
La decisión confirma que Pedro Castillo continuará cumpliendo prisión preventiva en el Penal de Barbadillo, mientras se desarrolla el juicio en su contra por rebelión.
Antecedentes de la medida de prisión preventiva
El proceso de apelación se suma a una serie de resoluciones previas que han ratificado la medida restrictiva. El 5 de julio de 2024, la misma Sala Penal Permanente prorrogó por 18 meses la prisión preventiva contra el exmandatario, medida que se encuentra vigente hasta el 6 de enero de 2026.
Posteriormente, en enero de 2025, la defensa de Castillo presentó una solicitud para sustituir la prisión preventiva por vigilancia electrónica, alegando que era una medida menos gravosa.
El pedido fue rechazado. Un mes después, en febrero, el juez Checkley declaró infundado otro intento de cese de prisión, dando origen a la apelación resuelta por la Corte este 18 de agosto.
Proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022
Pedro Castillo afronta un proceso judicial por el quiebre constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso de la República y la intervención del sistema de justicia.
Ese mismo día fue detenido por las fuerzas de seguridad y posteriormente recluido en el penal de Barbadillo.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado en su contra una condena de 34 años de prisión y tres años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El caso por rebelión se suma a otros procesos abiertos contra el exmandatario, relacionados con presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias durante su gestión presidencial.
Argumentos de la defensa de Pedro Castillo
En su recurso de apelación, la defensa de Pedro Castillo alegó que el requerimiento de prisión preventiva no cumplía con los parámetros de competencia establecidos en la ley.
Argumentó que los fiscales adjuntos supremos no podían realizar dicho pedido y que la medida debía ser considerada inválida.
La Corte Suprema concluyó que los alegatos eran improcedentes, señalando que la actuación del Ministerio Público se ajustó al marco legal vigente.
Con ello, se descartó cualquier vicio en la resolución que había declarado infundado el cese de la prisión preventiva.
Pronunciamientos políticos del exmandatario
En audiencias previas, Pedro Castillo sostuvo que su proceso judicial es producto de una persecución política. Señaló que se trata de un “juicio político más que jurídico” y aseguró que se le acusa sin pruebas de haber entregado armas a la población.
“Soy el presidente de la República secuestrado y una vez más vengo a rechazar lo que en la sesión anterior dijo el Ministerio Público (…) Rechazo este juicio que es más político que jurídico”, expresó en una de sus intervenciones recientes.
Estas declaraciones reflejan la estrategia de defensa política asumida por el exmandatario, aunque en el ámbito judicial sus recursos han sido desestimados de manera reiterada.
Significado del fallo de la Corte Suprema
El rechazo de la apelación confirma la vigencia de la prisión preventiva y reafirma el criterio del sistema judicial frente al proceso por rebelión. La decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema subraya que las medidas adoptadas se ajustan a derecho y que los recursos deben sustentarse en pruebas y fundamentos legales claros.
El fallo también marca continuidad en la posición de los tribunales respecto al proceso contra expresidentes, reafirmando la independencia judicial en los casos de alto impacto político.
La Corte Suprema rechazó por unanimidad la apelación presentada por Pedro Castillo contra el fallo que declaró infundado el cese de su prisión preventiva. El expresidente, procesado por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, seguirá recluido en el penal de Barbadillo. La decisión confirma la validez del pedido de prisión preventiva realizado por el Ministerio Público y mantiene vigente la medida mientras avanza el proceso judicial.
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