Criminalidad le cuesta al Perú S/6 mil millones y afecta a pymes

La criminalidad no solo altera la vida cotidiana de los ciudadanos, también está dejando un severo impacto en la economía peruana. Según el Consejo Privado de Competitividad, el costo de la inseguridad ciudadana supera los S/6 mil millones anuales, lo que representa aproximadamente el 3 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país.

Esta cifra incluye las pérdidas directas e indirectas provocadas por delitos como la extorsión, el sicariato, los robos y el cierre forzado de negocios.

El efecto se extiende a diversos sectores económicos, especialmente a los pequeños y medianos empresarios que han visto afectada su capacidad de operar.

Pérdidas crecientes en sectores productivos

Carlos Casas, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, señaló que el dinero que deberían estar destinando los empresarios a generar empleo y expandir operaciones, ahora se usa para enfrentar amenazas criminales.

“Estaría representando como un 3 % del PBI lo que se pierde en seguridad ciudadana y ese es el dinero que se están apropiando las bandas criminales”, afirmó.

El especialista también advirtió que, al no ser perseguidos con eficacia, los delincuentes consolidan estructuras que erosionan la actividad formal.

Estas dinámicas afectan directamente la inversión privada, sobre todo en sectores como comercio, transporte y servicios.

Extorsión como “impuesto” ilegal

Casas explicó que muchos empresarios están pagando lo que calificó como un “impuesto adicional”: la extorsión. Este sobrecosto reduce sus excedentes y limita su capacidad de contratar personal, invertir en infraestructura o mejorar servicios.

Además, advirtió que uno de los riesgos más graves es que esta situación se normalice y el costo adicional generado por la criminalidad sea trasladado a los consumidores.

Algunas empresas de transporte ya han incrementado sus tarifas para evitar ataques y proteger a sus conductores.

Un ejemplo es el accionar de la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, liderada por Eric Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, recientemente capturado. Esta organización obtenía entre S/500 mil y S/800 mil mensuales producto de actividades ilícitas, principalmente extorsiones.

Impacto en cifras y regiones afectadas

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), el número de homicidios ha mostrado un incremento alarmante. Mientras que en 2020 —en plena pandemia— se registraron 649 homicidios, en 2025 la cifra ya supera los 1 500.

En el caso de las denuncias por extorsión, el aumento también ha sido significativo: de 190 mil en 2019 se ha pasado a 344 mil en lo que va de 2025.

Las regiones más golpeadas por esta crisis de seguridad son Lima y Callao, seguidas de La Libertad, Piura y Áncash. En estos territorios, se concentra el mayor número de denuncias, así como los principales focos de operación de bandas organizadas.

Perspectiva del inversionista privado

Carlos Casas explicó que, para los agentes económicos, la inseguridad es un factor determinante. “Uno habla con el inversionista: ‘a Perú lo veo bien en el largo plazo, en el mediano o corto plazo… es un factor de riesgo que lo estoy incorporando’”, indicó.

Este entorno incierto frena decisiones de expansión, afecta la generación de empleo y deteriora la percepción de estabilidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Los costos de seguridad privada también se han incrementado para empresas grandes, que destinan mayores recursos a proteger su infraestructura y personal.

Aprobación de nueva ley penal contra crimen organizado

En respuesta al avance del crimen, el Congreso aprobó en segunda votación una ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática en el Código Penal.

La norma fue respaldada por 83 congresistas y establece penas de hasta cadena perpetua en casos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, cuando estos actos sean cometidos de manera sistemática o con armamento militar.

El artículo 318-B especifica sanciones severas, incluyendo 35 años de prisión para quienes ejecuten al menos tres actos criminales de gravedad de forma generalizada.

La iniciativa había sido inicialmente conocida como “terrorismo urbano”, pero tras el debate parlamentario se optó por el término “criminalidad sistemática”.

Posiciones a favor y en contra durante el debate

El congresista Diego Bazán defendió la propuesta afirmando que se trata de una herramienta concreta frente a hechos recientes como la dinamitación de sedes públicas.

“Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley sí aporta porque tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”, señaló.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. La legisladora Gladys Echaíz manifestó que el problema no está en la norma, sino en los plazos que tiene la Policía para investigar.

“Con 48 horas resulta casi imposible levantar el secreto de las comunicaciones”, dijo, proponiendo extender la detención a 15 días en casos graves.

Por su parte, Ruth Luque expresó su rechazo al tipo penal aprobado: “No comparto esta lógica de populismo penal. El tipo penal está redactado de manera ambigua, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”.

Impacto estructural y cifras adicionales

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, estimó en marzo de este año que el Perú pierde S/450 mil cada día por efecto directo de la inseguridad ciudadana. Esta pérdida diaria equivale, según explicó, a una carga tributaria adicional para todos los peruanos.

Castilla citó un estudio que abarcó el 60 % de distritos de Lima, donde se detectó que el 80 % de las barberías, farmacias y restaurantes han sido víctimas de delitos. Al menos el 12 % de estos negocios tuvo que cerrar debido a los altos costos de seguridad.

Según sus estimaciones, el impacto total de la criminalidad equivale al 3.3 % del PBI, es decir, más de S/30 mil millones anuales en pérdidas para el país.

La criminalidad genera pérdidas de más de S/6 mil millones al año en el Perú, lo que representa el 3 % del PBI. Las víctimas principales son pequeñas empresas y servicios afectados por extorsiones. El Congreso aprobó una ley que sanciona con cadena perpetua la criminalidad sistemática. Expertos advierten que el costo adicional de la inseguridad ya afecta precios y empleo. Según Luis Miguel Castilla, el país pierde S/450 mil cada día por este problema. Lima, Callao, La Libertad y Piura lideran en denuncias y hechos violentos.