Delia Muñoz: Congreso debe esperar fallo del TC sobre Boluarte

La exprocuradora anticorrupción Delia Muñoz señaló que lo “más conveniente” sería que el Congreso de la República espere el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) antes de tramitar las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte. 

Actualmente, 22 denuncias constitucionales han sido remitidas al Parlamento, de las cuales las más recientes se vinculan a las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Sin embargo, el proceso está condicionado a un complejo debate jurídico sobre la inmunidad presidencial. 

El Poder Ejecutivo sostiene que la jefa de Estado no puede ser ni investigada ni acusada constitucionalmente durante su mandato. En contraste, la Fiscalía argumenta que sí puede investigarse, pero que la formalización de cargos solo puede realizarse tras el término del mandato, el 28 de julio de 2026.

“La inmunidad protege mientras dure la función. Concluida la presidencia, se abren las puertas de la investigación como a cualquier ciudadano”, indicó Muñoz en diálogo con Canal N.

Decisión del TC será clave 

Según la exprocuradora, el Tribunal Constitucional debe fijar el alcance de los artículos 99, 100 y 117 de la Constitución, que regulan la inmunidad presidencial.

Si el TC respalda la postura del Ejecutivo, las investigaciones fiscales serían nulas, al haberse iniciado sin competencia legal. En ese escenario: Las denuncias quedarían suspendidas, la Fiscalía no podría seguir recabando pruebas y lo actuado hasta ahora se declararía inválido. 

Denuncias por protestas 

La Fiscalía ha denunciado a Boluarte por lesiones graves y leves, dejando fuera el cargo de homicidio calificado incluido en denuncias anteriores.

La acusación se basa en el principio del “deber de garante”, propio del derecho internacional de los derechos humanos, que establece responsabilidad política por omisión o tolerancia ante violaciones cometidas por subordinados.

Muñoz advirtió que esta nueva tipificación deberá justificarse con hechos distintos a los ya investigados, para evitar vulnerar el principio de non bis in idem, que impide ser juzgado dos veces por lo mismo.

Ministros también investigados 

Un informe de la Unidad de Investigación reveló que once ministros del actual gabinete enfrentan carpetas fiscales, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por su presunta vinculación con el caso Cuellos Blancos. 

Muñoz exhortó a que el Congreso actúe con celeridad en los casos que impliquen a altos funcionarios protegidos por inmunidad, y que el Ministerio Público investigue con eficiencia.

¿Qué pasará tras el mandato? 

Si las investigaciones no prosperan ahora, podrían reactivarse tras el 28 de julio de 2026, cuando culmine la inmunidad presidencial. De no proceder en el ámbito nacional, existe el riesgo de que organismos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asuman competencia por omisión del Estado peruano. 

“Si el Perú declarase improcedente este tipo de denuncias, la justicia internacional quedaría abierta”, concluyó la exprocuradora anticorrupción.