Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte

La Fiscalía de la Nación presentó este jueves una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y siete exfuncionarios del Poder Ejecutivo, por presunta responsabilidad en las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. 

La acusación fue tramitada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, y fue remitida al Congreso de la República para su evaluación. 

Además de la jefa de Estado, están comprendidos en la denuncia Pedro Miguel Angulo Arana, expresidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, expresidente del Consejo de Ministros, César Augusto Cervantes Cárdenas, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Chávez Cresta, exministro de Defensa, Víctor Eduardo Rojas Herrera, exministro del Interior y Vicente Romero Fernández, exministro del Interior. 

Los altos funcionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y lesiones graves, en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otras personas que participaron en las movilizaciones sociales registradas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. 

La denuncia señala que los hechos ocurrieron en las regiones de Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y en Lima Metropolitana, donde se ha identificado un total de 75 víctimas.

Estas habrían sido afectadas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo conocimiento de las autoridades involucradas. 

Participación de los altos funcionarios

El documento fiscal sostiene que los entonces altos funcionarios tuvieron participación directa o por omisión en el manejo de la fuerza durante el estado de emergencia decretado en diversas regiones del país.

Las actuaciones forman parte del marco legal que regula la responsabilidad política y penal de los altos funcionarios del Estado. 

Con esta presentación, el Ministerio Público activa el proceso parlamentario que podría conducir a la formación de una subcomisión investigadora en el Congreso, como paso previo a una eventual acusación constitucional. 

La Fiscalía de la Nación reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la defensa de los derechos fundamentales y el respeto al debido proceso. 

Cabe mencionar que esta es la tercera denuncia constitucional que recae sobre la presidenta Boluarte tras las manifestaciones sociales.