Delia Espinoza denuncia persecución política ante inhabilitación

La fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, denunció que la propuesta de su inhabilitación responde a una persecución política motivada por su labor como magistrada.

En declaraciones a la prensa, aseguró que no participó en la elaboración ni aprobación del reglamento que se le atribuye como falta, y advirtió que tomará acciones legales si se concreta la sanción.

Espinoza sostuvo que su caso refleja una represalia por haber investigado al poder político y afirmó que hay un “doble estándar” en la forma en que se aplican las sanciones a los fiscales supremos. Mientras su expediente avanza hacia la inhabilitación, otros tres fueron archivados por el Congreso.

Espinoza: “No participé en el reglamento que me imputan”

La fiscal explicó que la denuncia constitucional en su contra se basa en la supuesta aprobación de un reglamento del Ministerio Público, pero precisó que dicho documento fue elaborado y aprobado por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena. Aseguró no haber tenido ninguna intervención en ese proceso.

El Congreso sostiene que dicha resolución vulnera una ley aprobada por el Legislativo que refuerza el rol de la Policía Nacional en la investigación de delitos. 

Según este argumento, el reglamento del Ministerio Público restaría funciones a la Policía, contrariando la norma vigente.

Aunque la firma que aparece en el documento es la de Villena, varios congresistas argumentan que Espinosa era considerada, en ese momento, como la fiscal de la Nación de facto, lo que justificaría su responsabilidad en el acto administrativo.

También advirtió que algunos legisladores estarían intentando incorporar nuevas acusaciones no contempladas originalmente, lo que —según afirmó— vulneraría el debido proceso y evidenciaría un ánimo de represalia institucional.

Anuncia acción de amparo y eventual recurso internacional

Espinoza indicó que, de concretarse su inhabilitación, interpondrá una acción de amparo en el ámbito nacional. Si fuera necesario, recurrirá a tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. “No se puede sancionar a alguien por un hecho no cometido”, señaló.

Añadió que las consecuencias legales no son por venganza personal, sino para sentar precedentes sobre la defensa de derechos fundamentales ante actos de abuso de autoridad.

Cuestionamientos al Congreso y al retorno de Luis Arce

La magistrada también se refirió a la reciente restitución del fiscal Luis Arce, cuestionado por presunto enriquecimiento ilícito. Criticó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no haya actuado con el mismo criterio en su caso, a pesar de existir una orden judicial que solicitaba su reposición. Señaló que esto demuestra un trato desigual y parcial.

Asimismo, cuestionó el entorno del Congreso, indicando que mientras en otros países los legisladores trabajan en espacios abiertos al público, en el Perú el Parlamento está cercado por vallas. “¿Por qué le tienen miedo a la población?”, preguntó.

Rechaza retorno de la inmunidad como forma de impunidad

Consultada sobre el debate en el Congreso sobre la restitución de la inmunidad parlamentaria, Espinoza respondió: “Inmunidad no puede ser impunidad”. Sostuvo que esta figura debe usarse con límites claros y no convertirse en un escudo para evitar investigaciones judiciales.

Finalmente, reiteró que su lucha será jurídica y que confía en que la verdad y el derecho prevalecerán, incluso si el proceso legislativo avanza en su contra.