Denuncia constitucional a Rospigliosi por caso cámara en mitin

El congresista Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi, actual presidente interino del Congreso de la República. La denuncia se fundamenta en el presunto uso indebido de una cámara institucional del Parlamento durante un mitin político de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizado en Trujillo el 30 de octubre de 2025.

La acusación formal fue dirigida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sostiene que Rospigliosi habría incurrido en infracción de varios artículos de la Constitución y, además, en el delito de Uso Ilegal de Bienes del Estado, tipificado en el artículo 384° del Código Penal. El documento solicita que se inicie una investigación, se formulen cargos y se proceda con la remisión de los actuados al Ministerio Público.

Uso de cámara oficial del Congreso en mitin político

El incidente central que origina la denuncia es la utilización de equipos del Congreso —una cámara de video y equipo de transmisión— durante un acto político en Huanchaco, Trujillo.

El evento fue parte del lanzamiento de la precandidatura presidencial de Keiko Fujimori. En las imágenes, difundidas por medios locales como Sol TV, se observa una cámara con un autoadhesivo oficial: “Congreso de la República – registro secuencial 25459 – inventario físico general 2024”.

Este detalle ha sido usado como evidencia para sustentar que se emplearon recursos públicos para fines proselitistas. También se cita como respaldo la resolución N.º 00097-2025-JEE-PCYO/JNE del Jurado Electoral Especial (JEE), que inició un procedimiento contra Rospigliosi por presunta vulneración del principio de neutralidad electoral.

Fundamentos constitucionales de la denuncia

El congresista denunciante sostiene que el titular del Congreso infringió los artículos 39°, 40°, 41° y 76° de la Constitución Política del Perú. Estas disposiciones refieren a la obligación de los funcionarios públicos de servir al interés nacional, actuar conforme a la ley y custodiar los bienes estatales. Además, se alega que el uso del equipo vulneró el principio implícito de neutralidad electoral.

En la denuncia se argumenta que Rospigliosi es responsable por acción, si autorizó el uso del equipo, o por omisión, si no tomó medidas para impedirlo. Se enfatiza que la salida de bienes patrimoniales del Congreso requiere de un procedimiento administrativo bajo supervisión directa del Presidente de la institución.

Contexto y antecedentes del uso indebido

Tras la difusión del material grabado en el mitin, el Congreso emitió un comunicado indicando que está prohibido el uso de sus bienes para fines externos o privados. Asimismo, se inició un proceso administrativo sancionador contra el trabajador involucrado, quien posteriormente presentó su renuncia.

Según el documento de denuncia, el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, se encontraba de vacaciones al momento del incidente. Sus funciones fueron encargadas a Jaime Abensur Pinasco, quien cuenta con antecedentes de postulación por Fuerza Popular, lo que para el denunciante representa una falla en la cadena de mando institucional.

Sanciones solicitadas por el congresista denunciante

El petitorio del congresista Martínez incluye seis solicitudes: la admisión de la denuncia, la apertura de una investigación, la citación del denunciado, la formulación de una acusación ante el Pleno, la suspensión o destitución de Rospigliosi, y la remisión de los actuados al Ministerio Público. Todas las medidas se plantean en función de la gravedad atribuida a los hechos.

La denuncia también invoca principios como legalidad, razonabilidad, probidad pública y buena fe, y sostiene que la neutralidad del aparato estatal fue quebrantada en un contexto preelectoral. Por ello, se solicita una respuesta institucional que considere la magnitud del cargo que ostenta el Presidente del Congreso.

Afirmaciones finales del documento de denuncia

El documento concluye señalando que el caso no es una disputa política, sino una acción institucional necesaria para preservar los principios fundamentales del Estado de Derecho. Se argumenta que la figura del Presidente del Congreso debe mantenerse libre de cuestionamientos vinculados a parcialidad o uso indebido del poder, para garantizar el equilibrio democrático.

La denuncia será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que determinará si se cumplen los requisitos formales para iniciar el procedimiento correspondiente.

Principios administrativos y penales invocados

Además de las infracciones constitucionales, el documento invoca normas administrativas como la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Orgánica del Congreso. Estas normas establecen la responsabilidad directa del Presidente del Congreso en la administración del patrimonio institucional.

En el plano penal, se alega que Rospigliosi habría incurrido en el delito de uso indebido de bienes del Estado, que sanciona a funcionarios que permiten o realizan actividades privadas con recursos públicos. La denuncia detalla que el evento político no guarda relación con funciones legislativas, de representación ni fiscalización, por lo que se trataría de un uso totalmente ajeno al servicio público.

Jurado Electoral interviene y solicita precisiones

El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo emitió el 7 de noviembre una resolución en la que ordena identificar plenamente al funcionario que utilizó la cámara institucional. También se pide determinar quién estaba a cargo de su custodia. Esta disposición se dio en paralelo al proceso administrativo que ya había iniciado el Congreso.

La resolución fue difundida el 10 de noviembre, ampliando el debate sobre el uso de recursos estatales en actos de carácter político. El caso se mantiene en la agenda institucional y mediática, mientras se esperan los pronunciamientos de las instancias competentes.

El congresista Pedro Edwin Martínez presentó una denuncia constitucional contra Alejandro Rospigliosi, presidente del Congreso, por presunta infracción constitucional y delito de uso ilegal de bienes del Estado. La acusación se basa en el uso de una cámara institucional en un mitin político de Keiko Fujimori, realizado en Trujillo. Se invocan artículos de la Constitución y el Código Penal. El Jurado Electoral Especial también abrió un procedimiento por falta al principio de neutralidad. Se solicita suspensión, destitución y remisión al Ministerio Público. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará si procede la apertura de una investigación formal.