Dirección Anticorrupción y Fiscalía realizaron diligencias a ONPE

Personal del Quinto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ingresaron esta tarde a la sede central de la ONPE. La diligencia fiscal se ejecutó tras reportarse graves retrasos en la distribución del material electoral y fallas informáticas que impidieron la instalación oportuna de las mesas de votación.

Las autoridades de la ONPE facilitaron el acceso al personal del Ministerio Público para recabar documentación relacionada con los procesos de contratación de proveedores logísticos para estos comicios. La intervención policial generó el cierre de las calles aledañas en el Centro de Lima para permitir el desarrollo de las diligencias de carácter reservado.

Investigación fiscal por presunta corrupción en la ONPE

La intervención busca esclarecer los motivos por los cuales la empresa Servicios Generales Gálaga fue seleccionada para el reparto de materiales en Lima Metropolitana y el Callao. Según información de la Dircocor, esta compañía habría sido contratada por la ONPE a pesar de contar con antecedentes negativos y sanciones por incumplimientos registrados durante el año 2023.

El equipo fiscal evalúa si existieron irregularidades administrativas en la adjudicación del servicio que afectó el inicio de la jornada en diversas instituciones educativas. La investigación del Ministerio Público sobre la ONPE pretende determinar responsabilidades penales ante la demora que perjudicó a miles de electores en distritos del sur de la capital.

Responsabilidad administrativa del jefe de la ONPE

Durante el desarrollo de la diligencia, se informó que el jefe de la entidad, Piero Corvetto, podría quedar comprendido en las pesquisas fiscales por las omisiones detectadas. La ONPE enfrenta cuestionamientos por la falta de supervisión directa sobre la empresa encargada del traslado de los equipos informáticos y las cédulas de sufragio a los locales.

El organismo electoral emitió un comunicado responsabilizando directamente a la proveedora Gálaga por no entregar a tiempo los implementos necesarios para el sufragio. No obstante, los agentes de la Dircocor centran su atención en los criterios técnicos que utilizó la ONPE para validar la idoneidad de dicha empresa para un proceso de alcance nacional.

Impacto del retraso en locales de votación

La falta de material electoral provocó que el 0.72 % de los 10336 centros habilitados en todo el país no iniciaran funciones en el horario establecido por ley. En distritos como Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, la ONPE registró incidencias en 75 instituciones educativas que permanecieron cerradas durante las primeras horas.

Ante la magnitud del retraso, las autoridades electorales de la ONPE dispusieron la ampliación de la jornada de votación por una hora adicional para compensar el tiempo perdido. La medida busca garantizar que los ciudadanos que se vieron afectados por la logística deficiente puedan ejercer su derecho al voto antes del cierre definitivo.

Diligencias en la empresa Servicios Generales Gálaga

En paralelo a la intervención en la sede principal, la Policía Nacional realizó diligencias en los locales de la empresa Servicios Generales Gálaga para incautar registros de salida. La ONPE anunció que iniciará acciones legales y penales contra la firma proveedora por el incumplimiento de las cláusulas contractuales establecidas para el reparto.

La Fiscalía Anticorrupción analiza la cadena de custodia del material y los protocolos de contingencia que debieron activarse ante las fallas reportadas desde la madrugada. La ONPE deberá entregar el expediente completo de la licitación para verificar si la empresa cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el sistema de contrataciones del Estado.

Presencia de observadores internacionales en la ONPE

La jornada de intervención coincidió con la llegada de una misión de observadores de la Unión Europea encargada de supervisar la transparencia del proceso electoral peruano. Los delegados internacionales tomaron nota de las incidencias reportadas en la plataforma de la ONPE y de la actuación de los organismos de justicia en la sede institucional.

El despliegue fiscal busca dar garantías de legalidad ante las denuncias presentadas por diversos ciudadanos que no pudieron sufragar en las primeras horas de la mañana. La ONPE se mantiene bajo vigilancia técnica mientras se restablece la normalidad en la transmisión de datos y se asegura el repliegue del material utilizado.

Situación legal de los implicados en la ONPE

El personal fiscal evitó brindar declaraciones detalladas a la prensa apostada en el Centro de Lima debido a la naturaleza sensible de la investigación en curso. La ONPE ha manifestado su disposición para colaborar con todas las indagaciones que permitan deslindar responsabilidades sobre los problemas logísticos detectados en Lima y el Callao.

Las pesquisas continuarán durante las próximas horas para determinar si hubo un favorecimiento indebido hacia la empresa Gálaga por parte de funcionarios de la ONPE. El resultado de estas diligencias preliminares será fundamental para establecer si se procede con una denuncia formal ante el sistema judicial anticorrupción del país.

La Fiscalía Anticorrupción y la Dircocor acudieron la sede central de la ONPE en el Cercado de Lima tras reportarse retrasos en la instalación de mesas de votación. La investigación se centra en la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga, responsable de la distribución de material electoral, pese a registrar sanciones previas en 2023. El retraso afectó 75 locales en el sur de Lima, obligando a la ONPE a extender el horario de sufragio. Piero Corvetto, jefe del organismo, podría ser incluido en la pesquisa que busca determinar responsabilidades administrativas y penales por las fallas logísticas.