Eduardo Arana: Privados operarán ingresos en penales riesgosos

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que su despacho viene preparando un decreto supremo para permitir la participación privada exclusivamente en los ingresos de los penales, como respuesta al déficit de personal y equipamiento.  

“No tenemos body scan funcionando adecuadamente, los rayos X para revisar alimentos o paquetes operan mal o no operan. Se trata de puntos críticos. Solo en los ingresos, no dentro de los penales, se permitiría esta intervención”, precisó. 

Aseguró que el Estado peruano no había destinado presupuesto para la construcción de nuevos penales en los últimos diez años, lo que generó un grave estancamiento en la política penitenciaria del país. 

“Hemos logrado mejoras en los penales de Lampa, Puno, Iquitos y Chimbote. En 2024 se inauguraron las ampliaciones de Abancay e Iquitos, y lo más importante: dos penales con inteligencia artificial en Ancón I y Chayapalca”, afirmó Arana.  

Remarcó que estos avances han sido posibles gracias a la incorporación de 3 mil millones de soles en la ley de endeudamiento, recurso obtenido con apoyo del BID y CAF, no del presupuesto público ordinario.

Situación del INPE 

El ministro también aclaró que, pese a la reciente salida del jefe del INPE, la política penitenciaria no está acéfala. “El vicepresidente Marlon Florentino está a cargo, tiene experiencia y mantiene el orden y la seguridad”, dijo. 

Consultado sobre las críticas que plantean que el Estado construye más cárceles que colegios, Arana respondió que la construcción penitenciaria no es una decisión aislada del Ejecutivo, sino que pasa por filtros del Congreso y la Comisión de Presupuesto.

“El Ejecutivo puede plantear que se requieren veinte penales, pero la ejecución depende de las prioridades que establece el Parlamento”, enfatizó. 

Operadores telefónicos 

Asimismo, anunció que el Ejecutivo firmará una norma que obligará a los operadores telefónicos a garantizar que no haya señal electromagnética dentro de penales y centros juveniles. Esto, como parte del combate a las extorsiones y delitos dirigidos desde los recintos carcelarios. 

Respecto a las denuncias sobre presuntas firmas falsificadas en partidos políticos, Arana recordó que el Gobierno debe mantenerse neutral.

“Desde la Dirección General de Protección de Datos Personales nos hemos pronunciado hasta donde nos compete. La responsabilidad recae en el Jurado Nacional de Elecciones”, puntualizó. 

Finalmente, reafirmó que todas las entidades del Estado deben coordinar dentro de sus competencias para ejecutar una política penitenciaria efectiva, y que la sentencia del Tribunal Constitucional no implica el cierre de penales, sino que impide el ingreso de nuevos internos en establecimientos considerados inconstitucionales por el hacinamiento.