Ejecutivo presentó subsanación de demanda competencial

Hace una semana, el TC rechazó la demanda competencial interpuesta por el premier Gustavo Adrianzén al considerar que no contaba con la autorización explícita de la presidenta Boluarte para actuar en su representación

Gustavo Adrianzén, Dina Boluarte y Juan José Santiváñez durante Ceremonia de condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia”. Foto: Presidencia. Video: Canal N

El Poder Ejecutivo ha presentado una subsanación a la demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. Esta acción busca corregir aspectos formales relacionados con la interposición de la demanda original, vinculada a la interpretación del artículo 117 de la Constitución.

Según el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, la titular del Poder Ejecutivo no otorgó una autorización expresa al presidente del Consejo de Ministros para presentar la demanda competencial. Sin embargo, destacó que el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad esta acción legal.

Consejo de Ministros avaló la demanda contra el Poder Judicial y el Ministerio Público

Huerta Guerrero precisó que, tras el análisis y deliberación correspondiente, el Consejo de Ministros concluyó que existía un menoscabo en el adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la presidenta de la República. En ese contexto, se acordó interponer la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Además, una vez concedida la aprobación, la presidenta de la República designó formalmente al presidente del Consejo de Ministros para presentar la demanda. Con la subsanación presentada, se espera que el Tribunal Constitucional evalúe el caso y determine los siguientes pasos en el proceso.

TC rechazó demanda inicial

Hace una semana, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencial interpuesta por el premier Gustavo Adrianzén al considerar que no contaba con la autorización explícita de la presidenta Dina Boluarte para actuar en su representación.

La demanda buscaba que el TC defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado, argumentando que las investigaciones en su contra representaban un “menoscabo en el ejercicio de sus funciones”.

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