Exjefe de la DINI cuestiona al Poder Judicial por liberar a alias “El Cocinero” vinculado a secuestros
Exjefe de la DINI, Danilo Guevara, también menciona que algunos jueces aplican criterios considerados “hipergarantistas”. Ante esto, subraya necesidad de una política de Estado en seguridad que trascienda gobiernos
La liberación de Armando Barros Cruz, señalado como supuesto integrante de “Los Pulpos”, ha generado cuestionamientos sobre decisiones del Poder Judicial.
El sujeto, de 28 años, es vinculado a por lo menos seis secuestros, incluido el caso de Javier Eduardo Mercedes Chávez en Cajabamba, quien permaneció retenido durante 20 horas.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Barros Cruz; sin embargo, el Poder Judicial determinó que no existían pruebas suficientes para dictar la medida. Tras su liberación, el investigado volvió a ser vinculado a un caso de secuestro, lo que motivó un nuevo pedido de captura.
En diálogo con canal N, Danilo Guevara, exjefe de la DINI, señaló que este tipo de decisiones genera cuestionamientos en torno a la actuación de algunos magistrados frente a casos de criminalidad.
Asimismo, indicó que la liberación de detenidos puede afectar el resultado de estas intervenciones y obligar a nuevas acciones por parte de la Policía Nacional.
“Algunos magistrados en general, no comprendían que estamos en una etapa de expansión del crimen donde necesitamos alguna severidad para poder controlar a malhechores que después de un trabajo minucioso, de un trabajo arduo de inteligencia, son de pronto liberados”, dijo.
"Están dando una pésima señal, digamos, a la ciudadanía que ve con mayor desconfianza, digamos, en general el sistema que nosotros y no sólo a la ciudadanía, sino dándole un mensaje a los criminales también de una sensación de impunidad", remarcó.
Contexto normativo y uso de la fuerza
En paralelo, el gobierno oficializó un decreto que precisa la exención de responsabilidad penal para policías y militares en casos de legítima defensa. Según lo señalado, esta disposición se enmarca en normas existentes y mantiene la obligación de respetar los derechos humanos y el marco legal vigente.
Cifras de homicidios y situación de seguridad
De acuerdo con el SINADEF, en el primer trimestre de 2026 se registraron 518 homicidios a nivel nacional. Solo en marzo se reportaron 180 asesinatos, de los cuales 64 ocurrieron en Lima.
Uso de estándares judiciales
También menciona que algunos jueces aplican criterios considerados “hipergarantistas”. Ante esto, subraya necesidad de una política de Estado en seguridad que trascienda gobiernos.
"Necesitamos una mayor calidad de instituciones, de instrumentos que operen sobre la realidad. Y lo cierto que nosotros constatamos de que la institucionalidad de nuestro país esté en franco deterioro, y la prueba más evidente de lo que yo digo, está en este acontecimiento que hemos visto de un Poder Judicial, endeble, de un Poder Judicial que no comprende la situación que estamos viendo", sostuvo.
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