Exprocurador señala que Fiscalía apunta a delito de colusión en caso ONPE

El exprocurador anticorrupción, Javier Pacheco, afirmó que los recientes allanamientos realizados por la Fiscalía y la Dircocor a viviendas de funcionarios de la ONPE, incluido el exjefe Piero Corvetto, estarían centrados en presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Galaga para la logística electoral del 12 de abril.

En entrevista con Canal N, Pacheco explicó que la investigación fiscal ya no se enfoca únicamente en las fallas del proceso electoral, sino en el origen del problema: el contrato suscrito con dicha empresa, pese a cuestionamientos previos sobre su capacidad operativa.

“El foco está en el proceso de contratación. Se está evaluando por qué se insistió en contratar a una empresa que ya presentaba deficiencias, descartando otras opciones”, señaló.

El exprocurador indicó que, en este caso, la Fiscalía podría configurar el delito de colusión, el cual implica un acuerdo ilegal entre funcionarios públicos y un proveedor privado para perjudicar al Estado. Según precisó, esta figura penal sería más consistente que la negociación incompatible, al considerar la posible participación de la empresa en los hechos.

“Estamos ante un posible escenario de concertación entre funcionarios y el proveedor para defraudar al Estado”, explicó.

Diligencias de allanamiento

Asimismo, detalló que las diligencias de allanamiento tienen como objetivo recabar pruebas clave, como documentos, equipos electrónicos e información digital que permitan confirmar la existencia de un presunto acuerdo ilícito.

Respecto a las responsabilidades, Pacheco sostuvo que estas deberán determinarse de manera individual, según las funciones de cada implicado dentro del proceso de contratación y ejecución del servicio. No obstante, remarcó que la alta dirección de la ONPE habría tenido conocimiento de una contratación clave para el desarrollo de los comicios.

En ese sentido, mencionó que entre los investigados figuran funcionarios como José Samamé, exgerente vinculado al proceso logístico, y otros responsables del área operativa.

Consecuencias legales

Sobre las consecuencias legales, el exprocurador advirtió que, de comprobarse el delito de colusión agravada, los responsables podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión.

Además, indicó que el Estado podría exigir una reparación civil por los daños ocasionados, así como ejecutar garantías contractuales en caso se compruebe incumplimiento por parte de la empresa.

Finalmente, Pacheco subrayó la importancia de actuar con celeridad en este tipo de investigaciones. “El tiempo juega en contra en materia penal, porque pueden desaparecer pruebas”, advirtió.