Fiscal de la Nación revela que Dina Boluarte tiene 34 denuncias
La fiscal de la Nación aclaró que su función es investigar delitos y no ejercer política

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien afirmó que el Ministerio Público está impulsando un “golpe de Estado blanco” en su contra. La titular de la Fiscalía explicó que su labor es investigar delitos y no ejercer política.
Hay 34 denuncias contra la presidenta
En una entrevista con Cuarto Poder, Espinoza aclaró que Boluarte enfrenta 34 denuncias presentadas por ciudadanos, pero solo ha sido citada en los casos donde su testimonio es clave. “No se le llama a declarar por todos los casos, sino únicamente en los que es necesario su esclarecimiento”, aseguró.
La fiscal de la Nación insistió en que no existe una persecución política contra la mandataria, sino que el Ministerio Público está cumpliendo con su labor dentro del marco legal.
“La señora dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso. ¿Sabe cuántas denuncias actualmente tenemos contra la señora presidenta de la república presentadas por muchos ciudadanos peruanos? 34. No se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración. En los demás casos se recaban documentos, testigos, algunas pericias. Que no se confunda el ejercicio de la política con el ejercicio del derecho”, dijo en entrevista con Cuarto Poder.
Denuncia a congresistas por cobro doble de sueldo y pensión
Espinoza también pidió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso analice con criterios legales la denuncia contra 11 congresistas que habrían promovido una ley para beneficiarse económicamente.
Según la denuncia presentada en enero, cinco legisladores estarían recibiendo doble pago, pues perciben su sueldo como congresistas y, al mismo tiempo, una pensión por haber servido en las Fuerzas Armadas o la Policía. La fiscal de la Nación explicó que el problema radica en que la norma no establece un tope y solo favorece a un grupo reducido.
Finalmente, la titular del Ministerio Público exigió una respuesta formal del Congreso sobre el caso, con una resolución motivada y sustentada.