Fiscal Ordaya: Investigación no responde a cálculos políticos
El integrante del Eficcop explicó que el allanamiento a Nicanor Boluarte fue autorizado por un juez como parte de una investigación por presunta organización criminal
El allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se realizó tras una autorización judicial basada en indicios de una presunta organización criminal. La diligencia fue ejecutada el 27 de agosto de 2025 por el equipo especial del Ministerio Público y efectivos policiales.
La medida forma parte de una investigación formal iniciada el 14 de marzo de este año, contenida en la carpeta fiscal N.º 01-2025. El fiscal adjunto supremo Mirko Cano y el fiscal provincial Carlos Ordaya explicaron que se siguieron todos los procedimientos legales para obtener la orden de allanamiento, incluyendo la presentación de pruebas ante el Poder Judicial.
El integrante del Eficcop indicó que el Ministerio Público presentó el 8 de agosto el requerimiento formal ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el cual emitió la resolución de autorización el 21 de agosto. La orden se ejecutó el 27 del mismo mes con el objetivo de corroborar los testimonios y elementos incautados previamente.
Subrayó que la diligencia fue resultado de un proceso técnico y legal, sin motivaciones políticas. Aclaró que la Fiscalía no actúa por iniciativa propia, sino que solicita cada diligencia a un juez, quien evalúa la documentación presentada.
La carpeta fiscal incluye elementos de convicción como declaraciones de testigos protegidos, mensajes de WhatsApp y equipos electrónicos incautados. La investigación fue dispuesta conforme a la Ley 32.138, que regula los procedimientos en casos de presunta organización criminal.
Cuatro hechos motivan la investigación contra Nicanor Boluarte
La investigación se centra en cuatro hechos presuntamente delictivos. El primero está relacionado con la adecuación irregular de términos de referencia en la Defensoría de la Policía Nacional para beneficiar a un estudio jurídico. En el segundo, se investigan pagos de hasta 20 mil dólares para mantener a generales de la Policía en sus cargos.
El tercer hecho involucra presuntas gestiones para favorecer a la mina El Dorado en Ayacucho, incluyendo un operativo policial realizado en 2024. Finalmente, el cuarto hecho investiga el presunto encubrimiento para ocultar bienes y documentos de funcionarios vinculados a esta red.
Todos estos hechos forman parte de la misma carpeta fiscal, cuyo desarrollo ha seguido una secuencia documentada desde el 14 de marzo. Desde el Ministerio Público se insistió en que ninguna acción se realiza sin autorización judicial.
Ordaya reiteró que el procedimiento cumplió con todos los requisitos legales, desde la disposición de inicio de diligencias hasta la resolución judicial. Agregó que las pruebas fueron recabadas de manera progresiva y verificada, con participación de peritos y entidades públicas.
Ambos fiscales insistieron en que el trabajo del Ministerio Público se enfoca exclusivamente en la persecución del delito, con respeto a la objetividad, legalidad y el debido proceso.
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