Fiscalía: 47 detenidos por delitos electorales durante comicios

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, informó que el Ministerio Público desplegó más de 14 mil actuaciones fiscales preventivas durante los comicios electorales realizados entre el sábado 11 y el lunes 13 de abril.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, estas acciones se enmarcan en la campaña “Elecciones sin delitos” y contaron con la participación de más de 6,800 fiscales a nivel nacional, quienes supervisaron el desarrollo del proceso electoral con el objetivo de prevenir la comisión de ilícitos.

Barrenechea detalló que, como resultado de estas intervenciones, se reportó la detención de 47 ciudadanos por la presunta comisión de delitos electorales. El caso más recurrente fue el de suplantación de identidad, con 24 detenidos que intentaron votar en nombre de otras personas, siendo intervenidos en flagrancia.

Asimismo, se registraron ocho detenidos por incumplir la denominada “ley seca”, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante el periodo electoral. También se reportaron tres casos de destrucción de material electoral y otros tres vinculados a propaganda política fuera del horario permitido.

Uno de los hechos más graves ocurrió en la región Piura, donde una funcionaria habría destruido entre 13 y 14 cédulas de votación, situación que ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Detectaron problemas en la distribución del material electoral en varios distritos

El funcionario también confirmó que las fiscalías de prevención del delito detectaron problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima Metropolitana, como Surco, Miraflores, Chorrillos y Villa El Salvador. Estos reportes fueron derivados a las fiscalías penales correspondientes para iniciar las investigaciones.

En ese contexto, se activaron diligencias urgentes que incluyeron inspecciones en la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como en los locales de la empresa encargada del transporte del material electoral, con el fin de recabar documentación relevante.

Respecto a las sanciones, Barrenechea precisó que los delitos electorales contemplan penas que varían según su gravedad. Por ejemplo, la suplantación de identidad puede ser sancionada con hasta cuatro años de prisión, mientras que la perturbación del proceso electoral mediante violencia puede alcanzar hasta los diez años de cárcel.

Finalmente, el coordinador adelantó que este despliegue fiscal se repetirá durante la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y sin irregularidades.