Martes, 18 de septiembre del 2018

Gobierno observó Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República

Contralor Shack dijo que “No promulgar esta importante ley implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional"

Foto: Twitter Contraloría

Contralor Shack dijo que “No promulgar esta importante ley implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional"

El Poder Ejecutivo observó la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, lo cual, según el organismo, posterga su promulgación y genera un retroceso en la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción en el Estado. 

El pasado 9 de enero, el Pleno del Congreso aprobó dicha norma legal por unanimidad. En aquel entonces 104 parlamentarios votaron a favor, sin embargo, en el último día del plazo para su publicación el Ejecutivo decidió observarla.

LEE: Congreso: Comisión Permanente aprobó viajes de PPK a Colombia y a Chile

Ante ello el contralor Nelson Shack manifestó: “No promulgar esta importante ley, aprobada con el absoluto consenso del Parlamento, implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional y posterga innecesaria e ilógicamente el inicio del proceso de reestructuración organizacional de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control”. 

Afirmó que dicha ley constituye una herramienta legal para consolidar las políticas de modernización y fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, para la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción en el Estado, y la decisión del Ejecutivo demora el inicio del proceso.   

LEE: Trece fiscales fueron ratificados automáticamente por el CNM

La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control establece, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las acciones de control, a fin de garantizar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes de Estado. 

Además, fortalece el acceso de la información y promueve la transparencia de los informes de control; establece la potestad sancionadora de la Contraloría, autorizando que sea ésta y no el Gobierno quien reglamente las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional.