Gobitz: Congreso favoreció a minería ilegal con sus decisiones

El ingeniero de minas y director de Gerens, Víctor Gobitz, advirtió que las recientes decisiones del Congreso han contribuido directamente al fortalecimiento de la minería ilegal en el país.

En diálogo con Canal N, explicó que la extensión del Reinfo, el bloqueo del debate de la ley MAPE y la censura al exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho han generado una percepción ciudadana crítica y justificada.

“Casi 79% de la población considera negativa la influencia del Congreso en este tema. Y es comprensible: han protegido a una minoría que lucra de manera inadecuada”, sostuvo.

Tres decisiones clave que benefician a los ilegales

Gobitz identificó tres hechos concretos que explicarían el rechazo ciudadano al rol del Congreso en la lucha contra la minería ilegal: La tercera prórroga del Reinfo, aprobada por 87 congresistas, la inacción frente al debate de la ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas y la censura al ministro Rómulo Mucho, quien había impulsado una posición firme contra la ilegalidad.

“El Reinfo fue distorsionado. El titular ya no es un minero en situación precaria, sino un intermediario que compra explosivos, capta trabajadores, vende mineral y opera sin control. Pero eso, los congresistas no quieren entenderlo”, advirtió.

“El Congreso actúa por desconocimiento… o algo peor”

Gobitz dijo asumir de buena fe que no hay corrupción detrás de estas decisiones. Sin embargo, denunció un enorme nivel de desconocimiento sobre cómo funciona realmente la cadena de la minería ilegal, desde la captación de mano de obra hasta la venta sin trazabilidad del mineral.

“Muchos titulares del Reinfo se presentan como informales, pero en realidad operan como ilegales. No declaran actividad en años, usan explosivos sin control y trabajan en zonas prohibidas. Estamos legitimando eso”, afirmó.

“La interdicción no es violencia, es deber del Estado”

El ingeniero de minas fue enfático al señalar que las amenazas de romper el diálogo por parte de gremios como Confemin si continúan las interdicciones no deben ser toleradas.

“Es un acto de extorsión. La interdicción ocurre cuando hay operaciones en zonas prohibidas, en ríos, áreas protegidas o concesiones ajenas. No se puede llamar ‘informal’ a quien opera así”, precisó.

Gobitz sostuvo que debería denominarse a estas organizaciones con mayor claridad: “No son informales, son mineros ilegales”.

La ley MAPE: oportunidad perdida

El especialista criticó que la ley para regular la minería a pequeña escala (ley MAPE) no haya sido debatida técnicamente en el Congreso. “La comisión fue entregada a personas sin conocimientos ni voluntad política. Se optó por el populismo antes que la ingeniería”, sentenció.

“La ley permitiría que esta actividad se realice con planificación, fiscalización y derechos laborales. No hacerlo significa seguir alimentando la precariedad, la evasión fiscal y el daño ambiental”, remarcó.

Trazabilidad, control y fiscalización: lo que falta

Gobitz señaló que el Estado debe implementar un control estricto sobre el uso de explosivos, la producción en plantas de beneficio, y la formalización real de los actores del sector.

“Hay plantas que procesan 600 o 700 toneladas diarias bajo licencia de pequeña minería, cuando el límite es 350. Se necesita solo voluntad: pongan un vigilante en la puerta y cuenten los camiones”, sugirió.

También pidió reforzar el control del destino final del mineral y evitar que las transacciones sigan ocurriendo en efectivo y sin registro, lo que facilita el lavado de activos y la corrupción.

Respecto a las últimas acciones del Gobierno, como la revisión de los expedientes de excluidos del Reinfo, Gobitz consideró que se trata de una medida equivocada y regresiva.

“Es un retroceso. Esas 50 mil exclusiones se hicieron porque no tenían actividad registrada. El Estado debe promover una formalización real, no abrir la puerta de nuevo al caos”, enfatizó.

Finalmente, Gobitz pidió a los medios de comunicación, la ciudadanía y los sectores productivos del país levantar la voz ante lo que calificó como una grave omisión del Estado y el Congreso.

“No se necesita alta tecnología. Se necesita voluntad, claridad y acción. Si no lo hacemos ahora, el problema crecerá y el país entero pagará las consecuencias”, concluyó.