En ese sentido, AGAP afirmó que “la Ley de Promoción Agraria creó el marco para el desarrollo formal del sector agrícola y la creación de una cadena de valor que hoy aporta más del 11% al PBI nacional, habiendo generado 800 mil puestos de empleo formal e inversiones por más de $13 000 millones en los últimos 20 años”. “Durante la vigencia de esta Ley, la pobreza en el agro se redujo de 81.3% en 2014 a 30.3% en 2019”, agregó.
“El Congreso y el Poder Ejecutivo tienen la obligación de darle al país un nuevo marco regulatorio sostenible que permita al Perú seguir avanzando en el camino recorrido para continuar siendo uno de los principales jugadores mundiales en el sector agrario. Colombia, Ecuador y Chile vienen fomentando agresivamente un marco legal que promueve sus agroexportaciones, reconociendo la competencia por el mercado mundial y el Perú es, hasta ahora, un actor importante en el mismo”, añadió AGAP.
AGAP también señaló que pone “a disposición de las autoridades la información que requieran para trabajar de manera inmediata en el diseño de una Ley que, cuando menos, mantenga la competitividad y el desarrollo agrario, en estricto cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores”.