Guevara: No existe marco jurídico para elecciones complementarias

La especialista en temas electorales Silvia Guevara analizó el avance del escrutinio oficial tras el reporte de la ONPE que sitúa las actas contabilizadas al 94.868 %. Durante su intervención, Guevara indicó que el proceso continúa avanzando según el cronograma, aunque persisten dudas sobre las actas pendientes. Según informó la experta, la diferencia actual entre los candidatos Roberto Sanchez y Rafael López Aliaga es de 21,727 votos, una cifra que se ha ido ampliando progresivamente.

Guevara explicó que existen más de 5,000 actas observadas en las elecciones generales, lo que representa un volumen significativo de votos por procesar. Según indicó, el promedio de electores por mesa oscila entre 200 y 300, lo que podría implicar que cerca de un millón de votos dependan de las resoluciones de los jurados. La experta señaló que el patrón de distribución de estos votos suele ser similar al de las actas ya contabilizadas, aunque los resultados finales podrían variar el panorama actual.

La analista detalló que las actas enviadas al Jurado Electoral Especial se originan por tres situaciones específicas: errores materiales, votos impugnados y recursos de nulidad. Según manifestó, los errores materiales son detectados de oficio por el sistema de la ONPE cuando hay inconsistencias aritméticas o de datos. Guevara precisó que, en estos casos, es el organismo electoral el que identifica las fallas durante el procesamiento inicial de los documentos físicos.

Análisis técnico de las actas observadas y el proceso de reconteo

Sobre la distinción entre actas observadas e impugnadas, Silvia Guevara aclaró que las primeras derivan de errores cometidos por los miembros de mesa durante el sufragio. Según informó, estas inconsistencias impiden que el acta sea contabilizada de manera inmediata en el sistema oficial. Por otro lado, las actas con votos impugnados corresponden a reclamos directos presentados por los personeros de las agrupaciones políticas en las mesas de votación.

La experta manifestó que una gran cantidad de estas actas probablemente terminen en un proceso de reconteo de votos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Este procedimiento es público y se realiza con la presencia de un representante del Ministerio Público y de las organizaciones políticas. Según indicó Guevara, el reconteo implica la lectura en voz alta de cada cédula frente a cámaras de transmisión para garantizar la transparencia del acto.

Guevara también advirtió sobre anomalías detectadas en la trazabilidad de algunos documentos dentro del sistema de procesamiento de la ONPE. Según señaló, se han identificado casos de actas que figuraban como contabilizadas y que posteriormente retornaron al estado de observadas por errores materiales. La especialista consideró que el organismo electoral debería brindar una explicación técnica sobre estas variaciones que han generado incertidumbre en la ciudadanía.

Inviabilidad legal de elecciones complementarias y autonomía institucional

Respecto a la posibilidad de convocar a elecciones complementarias, Silvia Guevara sostuvo que no existe un marco jurídico en el Perú que permita tomar esa decisión. Según manifestó, una medida de esa naturaleza requeriría primero una declaratoria de nulidad que no está contemplada bajo los supuestos actuales. La especialista subrayó que los plazos electorales son estrictos y que la segunda vuelta debe realizarse indefectiblemente el próximo 7 de junio.

La analista calificó como poco práctica la idea de extender el proceso electoral, ya que esto involucraría un presupuesto adicional y afectaría la sucesión del mandato. Según indicó, el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado decisiones excepcionales anteriormente, pero una elección complementaria excede sus facultades legales vigentes. Guevara enfatizó que, en un Estado de derecho, cualquier procedimiento debe estar estrictamente pegado a la Ley Orgánica de Elecciones.

Finalmente, Guevara se pronunció sobre la iniciativa del congresista Montoya para declarar en emergencia y reorganizar la ONPE, calificándola como una postura peligrosa. Según informó, la ONPE es un organismo con autonomía constitucional que no puede ser intervenido por otro poder del Estado en pleno proceso electoral. La experta concluyó que cualquier auditoría o peritaje debe realizarse sin interrumpir la labor de procesamiento de votos que aún está pendiente de finalizar.