Gustavo Adrianzén sobre Corte IDH: "Está excediendo de manera insólita sus facultades"

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está excediendo de manera "insólita" sus facultades al requerir al Estado peruano dejar sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley -aprobado en segunda votación este jueves en la Comisión Permanente- que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002.

“Hay una corte de justicia supranacional que está excediendo, de una manera insólita, sus facultades, llegando al extremo de querer maniatar a los poderes del Estado diciéndoles que no pueden hacer tal o cual cosa. Es un Estado soberano que se rige por el principio de separación de poderes, no lo puede admitir. Los poderes del Estado tienen funciones constitucionales que cumplir, y una de ellas, la del Congreso, es legislar”, dijo en Al Final del Día de Canal N.

De acuerdo con Adrianzén, el Poder Ejecutivo trabajará una comunicado de rechazo. Además, recordó que el Perú es un firme defensor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que, más allá de las discrepancias por sus decisiones, respeta a la Corte IDH,

PCM: "ESTOY INDIGNADO"

Cabe precisar que, en conferencia de prensa este miércoles, el titular de la PCM aseguró estar "indignado con lo resuelto" por dicha entidad.

"Indignado. Absolutamente indignado por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que decide de la manera más insólita y sin que exista un precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar contra un proyecto de una ley, ni siquiera se ha convertido en ley. Y resulta intolerable que llame a los tres poderes de un Estado miembro, absolutamente independiente y soberano, para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas", dijo Adrianzén tras concluir la sesión del Consejo de Ministros.

Según el premier, se le ha ordenado tomar contacto con los titulares del Poder Judicial y el Congreso para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando el rechazo a la disposición proveniente de la justicia supranacional.