Hania Pérez de Cuéllar considera que emergencia en Vivienda debe impulsar reformas estructurales

La exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, consideró que la declaratoria de emergencia de los sectores Vivienda y Saneamiento puede abrir la puerta a reformas para acelerar la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, advirtió que la medida dependerá de la estrategia que implemente el Gobierno para resolver los problemas de gestión, financiamiento y calidad técnica de las obras.

En entrevista con Canal N, Pérez de Cuéllar sostuvo que la decisión anunciada por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, es una medida que puede resultar útil, aunque cuestionó que todavía no se conozcan los detalles del plan que permitirá destrabar los proyectos paralizados.

“Declarar en emergencia puede ser declarativo y solamente declarativo, o puede efectivamente conducir a una serie de reformas”, señaló.

"Definitivamente el sector está en crisis y esta posibilidad te abre para hacer una serie de reformas de diferentes tipos que creo que son necesarias. Se necesita una reforma estructural en el sector", remarcó.

Hania Pérez de Cuéllar advierte sobre proyectos paralizados

La exministra se refirió a los aproximadamente 252 proyectos de agua potable y alcantarillado que, según lo informado por el actual titular del sector, permanecen trabados. Indicó que la crisis del sector requiere cambios estructurales, especialmente ante las brechas de acceso al agua potable y al saneamiento.

Como ejemplo de esta problemática, mencionó que en algunas zonas de la Amazonía solo el 3% de la población consume agua clorada. Advirtió que la falta de acceso a agua segura no solo afecta la salud, sino también la productividad futura y la competitividad del país.

"Hay zonas en la Amazonía donde solo el 3% de la población toma agua clorada y eso tiene un impacto definitivamente en la salud, aspectos, pero sobre todo en la productividad futura y, por lo tanto, también en la competitividad nacional. Entonces, no solamente es un derecho humano, sino que el no tener una salud adecuada por falta de agua potable genera limitaciones cognitivas y productivas a futuro", comentó.

Pérez de Cuéllar sostuvo que el objetivo no debe limitarse a reducir los plazos de ejecución, sino a mejorar la planificación y el diseño de las obras. “No se trata de hacerlo más rápido, se trata de hacerlo mejor. Al hacerlo mejor, ganamos tiempo”, afirmó.

Mala calidad de expedientes técnicos y falta de financiamiento

La exministra identificó varios factores que dificultan el cierre de las brechas de agua y saneamiento. Entre ellos, mencionó la deficiente elaboración de los expedientes técnicos, la insuficiencia de recursos y los problemas de gestión. A su juicio, la falta de rigor en los estudios iniciales provoca errores durante la ejecución, obras inconclusas y dificultades para retomar proyectos paralizados.

También planteó revisar los mecanismos de financiamiento para las obras de saneamiento y la vivienda social. Señaló que el esquema actual del Fondo Mivivienda resulta insostenible para cerrar las brechas existentes y propuso evaluar alternativas como las asociaciones público-privadas (APP), los mecanismos de inversión y los préstamos en condiciones favorables.

Asimismo, consideró necesario repotenciar el Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento (FIAS) y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para establecer un esquema de financiamiento que permita planificar las inversiones a varios años.

Propone reorganizar programas de saneamiento

Pérez de Cuéllar sostuvo que también es posible mejorar la eficiencia del sector mediante cambios de gestión que no necesariamente requieren nuevas leyes. En ese sentido, propuso evaluar la fusión de los programas nacionales de Saneamiento Urbano y Saneamiento Rural para evitar duplicidades administrativas. Además, consideró que el programa encargado de obras en Lima y Callao debería revisarse para mejorar la articulación con Sedapal.

"Yo he oído que el ministro ha hablado de leyes. Hay leyes que están pendientes, sí, pero no solamente es un tema de legislación, es un tema también de gestión. Te pongo un ejemplo. en el actual ministerio, en el ministerio hay tres programas presupuestales", manifestó. 

La exministra también señaló que es necesario revisar la relación entre el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), debido al papel fiscalizador del regulador.

"El PNSU, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el de Saneamiento Rural. Y el PASLC, que ve obras para Lima y Callao. El PASLC que se creó para, de alguna manera, compensar lo que no hacía SEDAPAL, a mi juicio, debería desaparecer. Y eso deberíamos volvérselo a dar a SEDAPAL y que sepa gestionar lo que le toca gestionar en Lime Callao. Porque hoy el PASLC está subsidiando obras que le corresponden hacer a SEDAPAL", explicó. 

"Entonces, ahí ya hay un nivel de fricción y difícil articulación. El PNVR y el PNSU, Saneamiento Rural y Saneamiento Urbano, a mi juicio deberían fusionarse en un solo programa. De hecho, es algo que yo intenté hacer ya casi al final, pero no me dio tiempo de hacerlo, porque estás duplicando personal administrativo. Entonces, tú puedes tener un solo programa potente y segmentar por especialización, pero toda la parte administrativa puede seguir siendo la misma. Hay eficiencias que el sector puede hacer sin necesariamente pasar por una ley. Yo creería que es una de las soluciones que va a plantear este esquema de reformas", continuó. 

Hania Pérez de Cuéllar plantea revisar las tarifas de agua

Otro de los puntos abordados fue el financiamiento de los servicios de agua potable. Pérez de Cuéllar consideró que las tarifas deben reflejar mejor la disponibilidad del recurso y su creciente escasez. Consultada sobre un posible aumento, respondió que considera necesario sincerar las tarifas, aunque precisó que los ajustes deberían diferenciarse según las características de cada territorio.

“Hay que cambiar el esquema y eso ya se inició”, manifestó, al referirse a la necesidad de fortalecer los subsidios focalizados según la situación de pobreza de los usuarios. La exministra aclaró que una reforma de Sedapal no implica necesariamente su privatización. Indicó que pueden evaluarse alternativas como concesiones de gestión y esquemas mixtos.

Destrabar obras y reformar el financiamiento

Al plantear las primeras medidas que adoptaría, Pérez de Cuéllar señaló que priorizaría el destrabe de las obras emblemáticas y el diseño de un nuevo esquema de financiamiento para el Fondo Mivivienda. También destacó la importancia del planeamiento urbano para prevenir problemas que dificultan la prestación de servicios básicos.

Finalmente, consideró que la declaratoria de emergencia debe traducirse en medidas concretas de gestión y reformas estructurales. El Gobierno ha señalado un plazo de 60 días para desarrollar su estrategia, aunque, según la exministra, el alcance de los cambios dependerá de las propuestas que se presenten y de su implementación.