Incendio en Las Malvinas: ¿Quiénes tienen responsabilidad?

Casi 24 horas después de iniciado el incendio de la antigua fábrica Nicolini, y luego de reincorporarse a sus obligaciones tras haber estado de licencia por su cumpleaños, el alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio llegó hasta el lugar del siniestro escoltado por sus gerentes y personal de seguridad. En sus primeras declaraciones para la prensa, Castañeda prácticamente culpó a la sociedad de lo que hasta ese momento seguía siendo un incendio de proporciones considerables.

En la primera planta del inmueble siniestrado funcionaba el centro comercial Nicolini, una galería con centenares de pequeñas tiendas de productos electro ferreteros. A partir del segundo piso, hacia arriba, eran los almacenes de la empresa Inversiones JPEG SAC. Funcionarios de la comuna limeña informaron que luego de comprobar que los almacenes no cumplían con las medidas de seguridad exigidas por ley, procedieron a su clausura el pasado 9 de junio.

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“En abril se hizo la última, se les dio unas observaciones que fueron detectadas en corredores, escaleras, el altillo que habían levantado en la azotea para que los retiraran. Se cumplió el plazo que se les da y no lo cumplieron”, Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil Municipalidad de Lima.

Sin embargo, pese a estar clausurados, los almacenes de la empresa Inversiones JPEG seguían operando con total normalidad. Pero para el alcalde de Lima el incumplimiento de las disposiciones legales es un producto natural de la idiosincrasia peruana. “Ese es un estilo y una conducta nacional, usted los clausura, lo abren, lo clausura, lo abren”, mencionó

La Municipalidad de Lima elude la responsabilidad por el funcionamiento de los almacenes donde se originó el fuego arguyendo que ellos clausuraron el local y que cuando regresaron a verificar si estaba efectivamente cerrado, los trabajadores no les permitieron el ingreso.

“Cuando el personal venía a hacer el sostenimiento y querían ingresar a la parte superior del almacén ellos argumentaban que no teníamos autorización judicial para hacer ese mandato”, afirmó Cristian Rosenthal, gerente de fiscalización Municipalidad de Lima):

La tarde del día anterior, las imágenes de dos jóvenes pidiendo auxilio desde el interior de lo que parecía ser un container ubicado en la parte superior de la estructura, daban cuenta de la precariedad de esta construcción.

Interrogado sobre estas estructuras metálicas apiladas como si se tratase de un juego de tetris, Castañeda culpó a la gestión de Susana Villarán de haber permitido su instalación sin licencia municipal. Pero una comerciante de la galería Nicolini alzó la voz para acusar directamente al alcalde de Lima de decir mentiras.

Roxana Fiestas pagaba 6 mil soles mensuales por un puesto en la galería Nicolini. A fines del año año pasado logró subir a los aires del inmueble porque denunció a los propietarios de Inversiones JPEG porque acababan de obstruir un tragaluz de la galería con una de estas construcciones metálicas.

La prueba irrefutable de que estas estructuras fueron instaladas durante la actual gestión de Luis Castañeda Lossio es esta foto tomada por Google en abril del 2015, cuando ya era alcalde de Lima por tercer período. En ella vemos los aires de la antigua fábrica Nicolini completamente libres de lo que podemos ver ahora. Según Roxana Fiestas y otros comerciantes de la galería, habría sido precisamente una chispa provocada por la soldadura lo que habría iniciado el fuego.

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En realidad, se trata de estructuras de metal corrugado, un material económico utilizado en la construcción de depósitos y campamentos mineros, que si no son construidas respetando los protocolos de seguridad se pueden convertir en verdaderas trampas mortales.

Ahora sabemos que José Luis Huamán y Jovi Herrera trabajaban en el interior de uno de las estructuras falsificando fluorescentes: limaban la marca de los tubos y los etiquetaban con el nombre de otra de prestigio. Sin ventilación y expuestos a los gases tóxicos que pueden emanar.

Los jóvenes de 19 y 21 años que quedaron atrapados trabajaban en condiciones inhumanas: ganaban 1 sol 80 céntimos por caja de fluorescentes, permanecían encerrados con candado, a veces durante más de 10 horas, para evitar que se roben la mercadería que falsificaban y no tenían derecho ni a ir al baño. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 43 empresas operaban en estas instalaciones y en la planilla de ninguna de ellas figuran los nombres de estos trabajadores, señal inequívoca de que habían sido contratados informalmente.

“Cómo es posible que hayan trabajado en estas condiciones, prácticamente infrahumanas, en el centro de Lima? – es inaceptable, es algo que tenemos que erradicar pero en el Perú todavía tenemos bolsones de trabajo totalmente inadecuado para los trabajadores”, Alfonso Grados, ministro de Trabajo

No sabemos cuántos trabajadores más laboraban en las mismas condiciones que José Luis y Jovi en este inmueble ni cuántos son prácticamente esclavizados en otros locales. Para nuestra sorpresa, el ministro de trabajo nos explicó que no cuentan con el personal suficiente para hacer inspecciones de oficio pues la gran mayoría de los 400 inspectores que tiene la SUNAFIL a nivel nacional están abocados a atender denuncias.

Pese al gran movimiento de personal que los comerciantes de la zona afirman haber visto en los niveles superiores del inmueble siniestrado, la empresa Inversiones JPEG sólo ha reportado un trabajador en planilla y tres personas que brindan servicios. Tiene una deuda de casi 30 mil soles con la SUNAT y luego del incendio sus representantes: el gerente general José Enrique López Ramírez y el apoderado Juan Manuel Polar De Rivera han sido denunciados por la Municipalidad de Lima pero parece que se han hecho humo.

La fiscalía ha dispuesto que la División de Seguridad del Estado de la Policía Nacional investigue las causas del incendio para identificar a los responsables del mismo. El Ministerio Público también ha ordenado que se interrogue a los representantes de Inversiones JPEG SAC y al gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima Cristian Rosenthal. Las condiciones laborales de las víctimas fatales del incendio y el hecho de que se encontraran trabajando también menores de edad podría configurar el delito de trata mediante explotación laboral.

El incendio originado en los almacenes de inversiones JPEG se extendió por toda la inmueble ocasionándole serios daños estructurales. En varios puntos se pueden ver las profundas grietas que las altas temperaturas y el agua le han ocasionado. Los expertos coinciden en que lo más probable es que la edificación tenga que ser demolida.

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El Cuerpo General de Bomberos del Perú emitió un comunicado en el que señala que los últimos incendios de grandes proporciones ocurridos las últimas dos semanas en galerías comerciales y almacenes “se deben en gran medida a la falta de control y supervisión por parte de las entidades municipales”.

El incendio de la antigua fábrica Nicolini es sólo uno de los más recientes de una larga lista de grandes siniestros que tienen dos factores en común: Por un lado la displicencia  de las autoridades fiscalizadoras encargadas de hacer cumplir las normas de seguridad. Y por el otro, la informalidad de empresarios y comerciantes, dispuestos a poner en peligro la vida de sus trabajadores y las de ellos mismos. Una informalidad que algunas autoridades parecen considerar  natural e inofensiva pero que en realidad se puede comportar como el material más inflamable.