Incháustegui: Minería ilegal crece por ausencia del Estado

Durante una entrevista con Canal N, los especialistas Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, e Iván Arenas, experto en minería, advirtieron sobre el crecimiento sostenido de la minería ilegal en distintas regiones del país. Ambos coincidieron en que la ausencia del Estado, la falta de fiscalización y el respaldo social en zonas sin servicios han permitido que esta actividad se consolide como una economía paralela.

Incháustegui sostuvo que el reciente reportaje de Cuarto Poder no refleja un caso aislado. “Esto ocurre en otras partes del país por la ausencia del Estado y porque no se promueve adecuadamente la minería artesanal”, señaló. En su opinión, las poblaciones respaldan estas actividades porque cubren necesidades básicas que el Estado no atiende.

Minería ilegal con legitimidad social en zonas sin Estado

Iván Arenas explicó que la minería ilegal ha alcanzado una validación social peligrosa. “No sienten que están cometiendo un delito. Lo que vemos es un boom de minería ilegal que se mantendrá mientras sigamos con una arquitectura institucional informal y precios internacionales del oro tan altos”, señaló.

Según Arenas, este fenómeno se extiende por regiones como Loreto, Huánuco y Puerto Inca, y está acompañado de una cadena de valor que incluye plantas de beneficio y financistas. “Se calcula oficialmente 220 plantas, pero en la práctica existen más de 2.000”, afirmó. Para los expertos, el país está desprotegido ante esta industria criminal sin control.

Falta de ley MAPE y ampliación del reinfo agravan el problema

Ambos especialistas coincidieron en que la reciente decisión del Congreso de ampliar por un año más el Registro Integral de Formalización Minera (reinfo) sin aprobar una ley MAPE es un grave error. “No se ha aprobado una ley MAPE y en paralelo no se combate la minería ilegal. Se necesita un plan anual con operativos, presupuesto y presencia institucional real”, advirtió Incháustegui.

Arenas recordó que el Congreso retiró en 2023 a la minería ilegal de los casos investigados como crimen organizado. También criticó los intentos legislativos anteriores de politizar la ley MAPE. “No podemos ideologizar un tema técnico. Se propusieron servidumbres mineras, reversión de concesiones y otras ideas sin sustento técnico”, alertó.

Denuncias sobre corrupción en Energía y Minas y falta de transparencia

Durante la conversación, también se abordaron las recientes denuncias del exfuncionario Máximo Gallo sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Energía y Minas. Incháustegui lamentó los cambios de funcionarios sin experiencia técnica, especialmente en áreas sensibles como la formalización minera. “Poner a gente sin conocimiento solo refuerza sospechas. El ministerio debe mantener un enfoque técnico y no político”, afirmó.

Arenas agregó que este tipo de denuncias deben ser investigadas, pero resaltó que no son nuevas. “Han existido casos de compra y venta de reinfos, y es vital asegurar la transparencia”, dijo. Ambos subrayaron que, de confirmarse estas prácticas, el ministerio podría estar siendo utilizado como “botín político”, afectando seriamente su función.

¿Qué proponen los expertos ante este escenario?

Los especialistas coincidieron en que se requiere con urgencia un diálogo técnico, multiactor y sin tintes políticos, que permita construir una ley MAPE con base en evidencia. Este proceso, según propusieron, debería continuar con lo avanzado en 2023 por el exministro anterior y servir como base para que el próximo Congreso pueda discutir y aprobar una norma técnica.

Asimismo, señalaron que es necesario un pacto nacional contra la minería ilegal. “Se debe actuar ahora, con el actual Ejecutivo, para presentar una propuesta seria al próximo gobierno”, indicó Incháustegui. Arenas advirtió que mientras no se actúe, el oro y el cobre seguirán subiendo de precio, alimentando una industria ilegal cada vez más poderosa y estructurada.