IPE: Habrá un efecto económico con tantos cambios de gobierno

El fenómeno del Niño pone en riesgo alrededor de 2 millones de hectáreas agrícolas en el país y, en paralelo, habrá un efecto económico por los constantes cambios de gobierno. Así lo advirtió María Alejandra Ormeño, Jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), al analizar tanto el impacto de las lluvias como el escenario político actual. Según indicó, la combinación de riesgos climáticos e inestabilidad política podría afectar empleo, exportaciones y bienestar de miles de familias.

De acuerdo con el Senamhi, el fenómeno del Niño podría extenderse hasta noviembre con una intensidad moderada. Sin embargo, Ormeño señaló que las lluvias intensas ya vienen generando costos económicos en infraestructura, servicios públicos y actividades productivas. En ese contexto, sostuvo que el impacto no es aislado, sino parte de una tendencia creciente de emergencias vinculadas a precipitaciones.

Impacto en agricultura y agroexportación

El Instituto Peruano de Economía estimó, con data del MIDAGRI, que cerca de 2 millones de hectáreas están expuestas a inundaciones. Según explicó Ormeño, hay regiones particularmente vulnerables como ICA, donde más del 80% de su superficie agrícola estaría en riesgo. También mencionó a tumbes y arequipa entre las zonas con alta exposición.

La representante del IPE recordó que en el anterior fenómeno del Niño, 7 de los 10 principales productos de agroexportación redujeron su volumen de exportación. Entre ellos mencionó espárragos, mango y café. Según indicó, estos cultivos se desarrollan en zonas afectadas por lluvias y huaicos, lo que genera impactos directos en la producción.

Ormeño subrayó que el efecto económico no se limita a cifras de exportación. Señaló que la agricultura y la agroexportación generan empleo, por lo que cualquier caída en la producción repercute en los ingresos y en el bienestar de la población.

Infraestructura en riesgo y brechas en prevención

Según cifras del CENEPRED citadas por Ormeño, más de 35.000 instituciones educativas, más de 7.000 establecimientos de salud y 3,6 millones de viviendas están en riesgo de inundaciones. Esto equivale, precisó, a unos 11,2 millones de peruanos expuestos, es decir, 3 de cada 10 ciudadanos.

Además, indicó que el registro de emergencias pasó de alrededor de 3.000 en 2003 a 14.000 en 2024, según INDECI. Detalló que las emergencias vinculadas a lluvias se han multiplicado por 10 en los últimos 20 años, lo que evidencia una tendencia creciente.

En cuanto al presupuesto, explicó que el gasto en gestión de desastres naturales se ha mantenido en aproximadamente 740 millones de soles en la última década. Aunque la ejecución presupuestal pasó de 70% a 86%, advirtió que persisten brechas regionales, como en Cajamarca y Puno, donde el gasto por habitante en control de inundaciones es reducido. También mencionó que arequipa ejecutó solo el 63% de su presupuesto el año pasado.

Crecimiento económico y estabilidad política

Ormeño señaló que, en el actual contexto internacional y con los precios del cobre y del oro, el Perú podría estar creciendo entre 5% y 6%. No obstante, indicó que la economía avanza alrededor de 3%, lo que atribuyó a factores internos.

Según sostuvo, la inestabilidad política y los constantes cambios de gobierno influyen en las decisiones de inversión. Indicó que, si bien no se han observado desbalances como disparos en el tipo de cambio o en la inflación, existen efectos menos visibles que limitan el crecimiento.

Respecto a la coyuntura política, desde el IPE se espera que la nueva PCM, Miralles, continúe políticas como la reforma de Petroperú con participación de capitales privados. Asimismo, señaló que el nuevo ministro se mostró a favor de la inversión privada en un evento organizado por el IPE.

Finalmente, Ormeño advirtió que cinco partidos no presentan propuestas sobre gestión de desastres por lluvias e inundaciones, según un informe del IPE. Reiteró que se trata de un problema recurrente que requiere prevención, eficiencia en el gasto y fiscalización constante.